Un unánime rechazo a la situación en Bolivia atravesó hoy a la dirigencia política y gremial en la Argentina, aunque con posiciones encontradas en relación a si se trata de un golpe de Estado o de una transición en el marco de una crisis política e institucional, que derivó en la renuncia del presidente Evo Morales.
«Todos estamos preocupados», dijo el jefe de Estado, Mauricio Macri, al ingresar hoy a la reunión de Gabinete que tuvo lugar en la Casa Rosada, en relación a la situación en Bolivia, luego de que Morales renunciara ayer a su cargo denunciando un «golpe de Estado cívico, político, policial», y a pesar de que ya había convocado a nuevas elecciones generales tras una recomendación en ese sentido de la OEA.
En un comunicado de prensa emitido anoche, la Cancillería había señalado que, «ante renuncia a su cargo» de Evo Morales, el Gobierno argentino hacía «un llamado a todos los actores políticos y sociales boliviano para preservar la paz social y el diálogo», y para encaminar el «período de transición que se ha abierto por las vías institucionales que establece la Constitución».
En tanto, esta mañana, el presidente electo Alberto Fernández citó un tuit del diputado oficialista Daniel Lipovetzky, en el que se refería a los hechos en Bolivia como un «golpe de Estado», para criticar la postura expresada por el Gobierno Nacional: «Me tranquiliza ver que en el oficialismo hay gente con la dignidad democrática de la que otros carecen», argumentó.
Fue poco después el propio canciller, Jorge Faurie, quien salió a explicar por qué, desde el Poder Ejecutivo, la situación en Bolivia no es interpretada como un golpe de Estado: «No están los elementos para describir esto como un golpe de Estado», sostuvo.
En este sentido, señaló que «las Fuerzas Armadas no han asumido el poder» y destacó la necesidad de que ningún actor de ese país «asuma un papel que no le asigna la Constitución».
A las miradas de Macri, Faurie y Alberto Fernández, se sumaron múltiples voces del ámbito político que se fueron ubicando de uno u otro lado de la interpretación de la situación que atraviesa el vecino país, hoy sumido en una situación de acefalía.
En tanto, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), encabezada por monseñor Oscar Ojea, llamó a «rezar por la paz y la plena vigencia de las instituciones» a la luz de los últimos acontecimientos vividos en Bolivia y Chile, «en esta difícil hora que atraviesan los países de la región», según expresó a través de un comunicado de prensa.
Por su parte, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, aseguró que «los conflictos institucionales en un país deben resolverse con más democracia y participación y no con un golpe de Estado como el sucedido en Bolivia».
A su postura se sumó también la de la mandataria catamarqueña, Lucía Corpacci, quien expresó su «profundo repudio al golpe de Estado consumado en Bolivia» y su «fuerte apoyo al pueblo boliviano, para que rápidamente se restablezcan en paz los mecanismos democráticos».
Desde el Senado de la Nación, el jefe del interbloque de Cambiemos, el radical Luis Naidenoff, afirmó que «las intervenciones militares jamás deben ser la respuesta a un conflicto político» y entendió que «el único camino» posible en Bolivia son «las elecciones libres».
En tanto, el coordinador de equipos técnicos del presidente electo Alberto Fernández, Nicolás Trotta, consideró hoy que se asiste en Bolivia a «un claro golpe institucional, un golpe de Estado», y, en ese sentido, aseguró que son «absolutamente contradictorias» las posturas del presidente Mauricio Macri y del electo mandatario Alberto Fernández.
También el embajador argentino ante La Paz, Normando Álvarez García, deslizó un matiz en relación a la postura oficial al señalar que en Bolivia se asiste a «una interrupción del orden constitucional en base a una gran conmoción social», al tiempo que interpretó que existen aspectos «similares» a lo sucedido en el 2001 en la Argentina con el entonces presidente Fernando de la Rúa.
Desde la CGT, uno de sus triunviros, Carlos Acuña, fue categórico al definir como un «golpe de Estado» a los hechos en Bolivia y, tras asegurar no haberse sorprendido por la postura expresada por el gobierno nacional, sugirió que, incluso, cree que desde el Ejecutivo «apoyan lo que está sucediendo» en ese país.
También desde el ámbito gremial, la CTA Autónoma repudió «el golpe de Estado consumado en Bolivia por los sectores reaccionarios» e hizo «un llamamiento al gobierno argentino y a todos los presidentes de la región a desconocer el gobierno de facto».