Los bloques legislativos en el Congreso comienzan a definir su posición de cara al debate que se avecina sobre el proyecto de ley enviado ayer por el Gobierno, que incluye la declaración de emergencia pública hasta 2025 y comprende reformas tributarias, laborales, penales, energéticos, electorales y la privatización de empresas públicas.
Para abrir el debate del megaproyecto enviado ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estaba terminando de armar las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto, que se abocarán a analizar esa iniciativa de 664 artículos.
De esta manera, los legisladores comenzarán a debatir el proyecto denominado «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», que contempla una profunda reforma del Estado, la privatización de 41 empresas públicas, cambios en el sistema electoral, reformas tributarias, un nuevo mecanismo para actualizar las jubilaciones y pensiones, y restricciones a las manifestaciones de protesta.
La intención del oficialismo es convocar la próxima semana a ministros del Poder Ejecutivo para que expongan sobre la iniciativa, cuyo debate se va a extender por lo menos unos veinte días, previo a la emisión del dictamen y buscar su tratamiento en la última semana de Enero.
Si bien la Libertad Avanza (LLA) tenía previsto armar solo cuatro comisiones, la magnitud del proyecto obliga a las autoridades de la cámara a ampliar la cantidad de comisiones que debe tratar el proyecto ya que también deberían analizarlo Educación, Salud, Seguridad interior, Justicia, y Legislación penal.
En declaraciones a Radio con Vos, el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Oscar Zago, dijo que «habíamos preparado un trabajo para cuatro comisiones: Presupuesto y Hacienda, Relaciones Exteriores y Culto, Asuntos Constitucionales y Legislación General. Eso era lo que habíamos previsto, pero ahora vamos a tener que ampliar a otras comisiones».
Zago anticipó que mañana se empezará a «trabajar en el armado de las comisiones que falten» para el tratamiento de este proyecto.
Pero mientras se avanza en el armado de comisiones donde se va a definir como estarán integrados esos organismos parlamentarios claves que deben emitir los dictámenes que deben tratarse en el recinto de sesiones, los bloques empiezan a definir su propia estrategia.
El oficialismo ya definió que concentrará sus fuerzas en el debate en comisiones y no en la comisión bicameral, ya que sostienen que el DNU también será parte del debate debido a que fue incluido en uno de los últimos artículos del proyectos, y analizará en los próximos días su estrategia de cara al debate.
No será una tarea fácil para la Libertad Avanza convencer a los bloques que se muestran permeables a respaldar algunas de las propuestas del Gobierno que acepten las delegación de facultades legislativas, el recorte a los jubilados, las privatizaciones y la suba de retenciones.
La UCR, el Pro, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal reúnen 106 legisladores que son claves para aprobar el proyecto, ya que la LLA tiene 37 diputados y unos seis aliados, con lo cual necesita al menos 84 votos de estos bloques dispuestos a dialogar y proponer reformas al mega proyecto, a diferencia de UxP y la izquierda que rechazan de plano la propuesta del Gobierno.
La bancada radical -que preside Rodrigo De Loredo- está analizando la iniciativa punto por punto en diversas reuniones por Zoom y por Whatsapp, pero ya definió que habrá tres aspectos centrales que rechazará, que son la declaración de emergencia pública hasta el 2025, la suspensión de la fórmula para actualizar haberes jubilatorios, y la suba de retenciones.
Sobre este punto, la vicepresidenta del bloque Karina Banfi señaló que La UCR siempre se opuso a los superpoderes y a delegar facultades del Congreso al Ejecutivo.
«No se puede legislar a ciegas, cada propuesta deberá garantizar mejoras para jubilados, trabajadores y/o empresarios y defender las minorías que deben tener representación en el Congreso», indicó.
La bancada del Pro -que conduce Cristian Ritondo- que es la fuerza política que tiene mas afinidad con el Gobierno, empezó a analizar el proyecto y se han dividido su estudio por tema entre los legisladores y volverán a reunirse el miércoles para difundir su postura sobre ese proyecto.
Ritondo señaló que el Pro quiere tener «un acompañamiento responsable a lo que proponga el Presidente Milei y su gobierno, para que tengan las herramientas que necesitan en esta primera etapa para poner en marcha su plan de gobierno. Con esa misma idea vamos a analizar el proyecto de ley, y actuaremos en consecuencia para sostener la gobernabilidad que necesita en el parlamento», informaron voceros parlamentarios.
Uno de los temas que concentrará ese debate es el artículo que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
Sobre este punto, el diputado de la Libertad Avanza Carlos D’Alessandro (La Libertad Avanza) defendió hoy la solicitud hecha por el Poder Ejecutivo para que el Congreso le delegue facultades que le son propias, incluida en el proyecto de ley enviado ayer al Congreso, al señalar que “estos mismos poderes ya los solicitaron otros presidentes”.
En declaraciones a El Destape Radio, D’Alessandro, miembro de la bancada oficialista en Diputados, estimó que “en estos últimos 40 años estamos acostumbrados a que los presidentes soliciten poderes especiales al Congreso”.
“Siempre el Congreso se los ha otorgado, y el Presidente está pidiendo estos mismos poderes que solicitaron otros Presidentes”, afirmó el legislador nacional por la provincia de San Luis.
En cambio, el presidente del bloque de UxP Germán Martinez dijo que la bancada que encabeza articulará «todos los mecanismos disponibles para frenar», tanto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) como el proyecto de «ley ómnibus» enviado por el Gobierno al Congreso nacional.
Agregó «es cierto que no nos alcanza con los legisladores que tenemos en el bloque de UxP. Somos 102 diputados y diputadas y para rechazar un proyecto debemos contar con 129. Por eso, en esta instancia, necesitamos tener mucho diálogo con otras fuerzas políticas».