El juez federal Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta Cristina Kirchner por ser «jefa de una asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales».
El magistrado podría pedir además la detención de la ex jefa de Estado y cursar el pedido de desafuero al Senado nacional, sin lo cual no podría completarse la prisión preventiva.
El procesamiento también alcanzó al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, entre otros ex funcionarios de esa cartera y una larga lista de empresarios convertidos en imputados colaboradores en el expediente.
Para el magistrado, la investigación comprobó que se montó un aparato complejo desde el Estado y evaluó que esa maniobra mostró la existencia de «una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), actuó entre los años 2003 y 2015».
El objetivo fue «procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”, expuso.
Semanas atrás, el fiscal Carlos Stornelli amplió el objeto de la investigación y delimitó que la maniobra delictiva inicio en 2003 y se prolongó hasta 2015. Además, en cuanto a la organización de la causa, se generaron tres nuevos expedientes a raíz de las declaraciones de los imputados colaboradores, dividiendo las investigaciones según tres grandes temáticas.
Cada una analizará aquellos sectores en los que el gobierno kirchnerista recaudaba los pagos ilegales: el sector energético, la obra pública civil y el transporte. Mientras la causa central de los cuadernos cuenta con un primer procesamiento, el juez entendió que corresponde «profundizar la investigación respecto a estos sistemas», para que no se entorpezca la causa central conocida como los «cuadernos de las coimas».
En la causa de los cuadernos de la corrupción, el magistrado determinó que «durante un lapso cercano a los ocho años ─cuanto menos─, Roberto Baratta (subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (secretario privado de Baratta), Hernán Camilo Gómez (funcionario de la subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de ENARSA), efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno».