Buscan crean pensión para víctimas de violencia institucional por motivos de identidad de género

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, envió hoy un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para establecer una pensión graciable, mensual y vitalicia con carácter reparatorio para víctimas de violencia institucional por motivos de identidad de género.
La iniciativa, a la que tuvo acceso Télam, señala que la pensión «en ningún caso generará derecho de pensión hacia un tercero».
De sancionarse la propuesta, serán beneficiarios de la pensión «las personas mayores de 40 años que hayan sido detenidas, privadas de su libertad y/o sancionadas o penadas con multa por casusas relacionadas con su identidad de género como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad de la provincia o por disposición de autoridad judicial o del Ministerio Público».
El monto del beneficio que pretende crearse será de tres salarios básicos de la categoría ingresantes del agrupamiento administrativo clase 4 de la Ley 10.430, que es la que rige a los empleados públicos bonaerenses.
Ese valor «será incrementado en un 30% cuando se hubiese sido víctima de lesiones gravísimas, según la clasificación que hace el artículo 91 del Código Penal de la Nación» y el monto de la pensión se elevará «hasta un 50% cuando se acredite una incapacidad psicofísica, producto del hecho de violencia institucional por motivos de identidad de género, que determine una disminución de su capacidad laboral».
Además, se busca fijar «con carácter permanente una bonificación extraordinaria para los beneficiarios de las pensiones, la que se abonará en dos cuotas semestrales, cada una de ellas
calculada sobre la base del 50% de la mayor remuneración devengada dentro de los semestres que culminen en los meses de junio y diciembre de cada año».
El proyecto indica que la pensión es compatible con cualquier actividad remunerada, con toda otra reparación e indemnización que hubiere tenido lugar para la persona y con otros beneficios de jubilación o pensión contributiva.
No obstante, es incompatible con un beneficio nacional o que se emita en otra provincia o en la Ciudad Autónoma por el mismo motivo caso en el que la persona beneficiaria deberá optar por la jurisdicción en la que cobrará la pensión.
La iniciativa a la vez indica que el pago de la pensión caducará automáticamente ante el «fallecimiento del/la titular, ante su renuncia o cuando no se presentara semestralmente un certificado de supervivencia» y determina que las personas beneficiarias gozarán de las mismas coberturas que otorga el Instituto de Obra Médico Asistencial a las y los pensionados del Instituto de Previsión Social.
«Las personas que reúnan los requisitos y soliciten el beneficio de la presente Ley deberán presentar la solicitud ante la Autoridad de Aplicación, el Ministerio de las Mujeres, la cual comprobará el cumplimiento de los requisitos exigidos por la presente Ley», se apunta y se aclara que «en caso de que el/la solicitante no aporte materiales probatorios suficientes, será facultad de la Autoridad de Aplicación la producción de la prueba de oficio».
En los fundamentos del proyecto, el gobernador planteó que «durante muchos años se persiguió y criminalizó sistemáticamente a personas trans -en su mayoría travestis y mujeres transgénero- en el territorio provincial».
Recordó que «como consecuencia de estas estrategias represivas, la vida de un número indeterminado de personas se vio afectada profundamente, en algunos casos en forma irreversible» y expuso que «ocurrieron afectaciones de las más diversas a la salud física y mental de las víctimas».
Celebró que en 2008 se haya sancionado la Ley N° 13.887, que eliminó la pena para quien «en la vida diaria se vista y haga pasar como persona de sexo contrario»
y que en 2018 se haya derogado la criminalización de la persona que ejerce la prostitución en territorio provincial.
Sin embargo, subrayó que «el retorno a la democracia no fue el fin de la violencia transodiante ni de la criminalización, lo cual perduró durante la transición democrática y aún persiste en alguna medida al día de la fecha, arropada en otras formas de violencia institucional».
En ese marco, el mandatario planteó que «la única respuesta estatal válida frente a una violación sistemática de los derechos humanos contra un colectivo determinado (en este caso, las personas trans) es una reparación acorde al daño producido y padecido».
En el texto, Kicillof puso de relieve que la decisión de crear en el año 2019 el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia «resultó un hito sin precedentes en materia de políticas públicas LGBTI+ a nivel provincial, acompañando este Gobierno una demanda de la lucha feminista, del colectivo LGTBI+, gremial, sindical, de las organizaciones sociales y comunitarios».
No obstante, planteó que «todos los hechos de persecución, criminalización y tortura que padeció el colectivo» no pueden ser olvidados o ignorados.