Celulares en el aula: escuelas privadas adoptan distintas estrategias frente a un fenómeno en expansión

La creciente presencia de celulares en las aulas constituye un desafío cada vez más complejo para las instituciones educativas, por lo que las escuelas privadas de distintas regiones del país comenzaron a adoptar estrategias diversas que van desde la restricción total hasta la integración pedagógica.
Un relevamiento realizado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Argentina (AIEPBA) reveló que mientras algunas instituciones aplican regulaciones estrictas sobre el uso de celulares, otras delegan la decisión a los docentes o promueven su incorporación en determinadas actividades educativas.
“Nos preocupa el acceso temprano al celular, su uso irrestricto y el impacto que esto puede generar en los entornos de aprendizaje. Sin una regulación adecuada, las aulas pierden foco y calidad educativa”, advirtió Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPBA, quien señaló que la entidad impulsa espacios de intercambio entre instituciones para compartir experiencias y buenas prácticas.
De acuerdo al informe Kids Online Argentina 2025, elaborado por UNICEF y UNESCO, el 95% de las y los estudiantes de entre 9 y 17 años posee un celular con acceso a internet, y el 88% lo utiliza todos o casi todos los días.
La edad promedio de acceso al primer dispositivo es de 9,6 años. Si bien un 61% declara usarlo a diario para estudiar, sólo un 60% asegura saber identificar si una fuente de información es confiable.
En ese contexto, desde AIEPBA reconocen que el fenómeno está instalado y que “no puede ser ignorado”. “En las escuelas vemos a diario a chicos y chicas con el celular como una extensión de su mano, con dificultades para sostener la atención o el diálogo cara a cara”, agregó Zurita.
En el Complejo Educativo Rubén Darío, de Villa Ballester, se estableció una normativa que regula el uso del celular. “No es una prohibición ni una sanción, sino una invitación a construir otro tipo de presencia”, explicó Tamara Iuso, vicedirectora del nivel secundario.
Según indicó, la medida apuntó a minimizar las interrupciones del acto pedagógico provocadas por las notificaciones constantes. “Cada vez que los estudiantes miran el celular, se produce un corte de atención que lleva varios minutos recuperar”, señaló.
En la misma línea, el Colegio Asunción de la Virgen, de Olivos, resolvió que desde este ciclo lectivo el alumnado debe dejar los celulares apagados en un box dentro del aula al ingresar, y solo pueden utilizarlos cuando el docente lo indique con fines pedagógicos. “Es necesario volver a fortalecer capacidades como la imaginación, la organización y el pensamiento complejo”, indicaron desde la institución en una comunicación dirigida a las familias.
La directora del colegio, María Gimena Venditti, explicó que la medida fue bien recibida por las familias y detalló que se incorporaron carteles en las aulas para señalar cuándo el uso de tecnología está autorizado. “Al principio hubo cierta resistencia, pero con el tiempo la práctica se naturalizó”, afirmó.
En tanto, el Instituto Avellaneda optó por una modalidad más flexible. “Cada docente fue encontrando su forma: algunos piden que los celulares estén guardados, otros los permiten en determinados momentos”, explicó Sandra Fernández, directora del nivel secundario y profesora de informática.
Según indicó, desde la institución también se trabaja en la concientización sobre el uso de la imagen digital y los riesgos de compartir contenido en redes sociales.
Las autoridades del Complejo Educativo Rubén Darío señalaron que la regulación del uso del celular mejoró el clima escolar y favoreció una atención más sostenida en clase.
“Durante años, muchos docentes sintieron que estaban en una batalla desigual. Al consensuar normas claras, se redujo la ansiedad digital y se fortalecieron los vínculos en el aula”, aseguró Iuso.
Si bien no existe una única respuesta frente al avance de los dispositivos móviles en la vida escolar, las experiencias recogidas muestran que el abordaje institucional del problema, con participación de la comunidad educativa y criterios pedagógicos claros, puede contribuir a recuperar la centralidad del aprendizaje en las aulas.