Comisión de Juicio Político continuará análisis de irregularidades en Obra Social del Poder Judicial

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que preside Carolina Gaillard, continuará esta semana con el análisis de las irregularidades en la obra social de los trabajadores judiciales, con la convocatoria a exdirectivos, trabajadores y afiliados de esa institución que depende del Poder Judicial.
Según lo acordado en la última reunión, la comisión volverá a citar para este martes a las 13 a Aldo Tonón, exdirector de la Obra Social de la Justicia, hombre de confianza del juez Juan Carlos Maqueda, quién pidió ser eximido por una causa judicial en curso.
Gaillard anticipó en declaraciones radiales que la comisión analiza citar al desplazado administrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi, para que asista a la cámara baja con la documentación referida a la situación de la OSPJN (Obra Social del Poder Judicial de la Nación).
La decisión de desplazar a Marchi fue adoptada esta semana por la mayoría integrada por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el vice, Carlos Rosenkrantz, y el ministro Juan Carlos Maqueda, con la disidencia del Ricardo Lorenzetti, quien criticó el traslado del funcionario.
«Estamos analizando citarlo el próximo martes para que dé cuenta de las auditorías que había remitido y que aún no nos llegaron», dijo Gaillard en declaraciones radiales, al señalar que la postura de Lorenzetti «es muy crítica» y «habla de una especie de coacción porque dice que Marchi fue advertido de que si enviaba esa información (a la comisión) podía ser desplazado».
La OSPJN presta servicios de salud al personal de los tribunales federales y nacionales de todo el país y depende funcional y administrativamente de la Corte Suprema.
Según se conoció en la tarde del viernes, Gaillard le envió una nota a Rosatti para que remita el informe presentado por Marchi sobre el funcionamiento de la obra social de los trabajadores judiciales y reveló que si el titular de la Corte Suprema no remitía a la comisión los documentos requeridos, insistiría para que la envíe en 24 horas.
Según trascendió, Marchi estaba por enviar a la comisión una serie de auditorías sobre millonarias irregularidades en la OSPJN, entre ellas la pérdida de 3 mil millones de pesos en 2022, faltantes de 30 mil medicamentos y compras directas, entre otras cuestiones.
«Vemos mucha gravedad en lo que dice Lorenzetti porque muestra que Marchi nos iba a enviar información muy importante», afirmó la diputada del Frente de Todos (FDT), que definió como «gravísimo y un escándalo» las irregularidades que «se está descubriendo en la comisión de Juicio Político».
En esa línea, la diputada del FDT no descartó que se pueda citar también a Lorenzetti luego de que el magistrado emitiera una nota en disidencia respecto del desplazamiento de Marchi, al señalar que «aunque también esté acusado, se lo puede citar».
Además de Tonón, la comisión citó también para este martes al docente de la UBA, Gustavo Montanini, y al Secretario letrado de la Corte, Sebastian Clerici; al Prosecretario letrado, Enrique de Vedia, así como al médico legista, Enzo Canónaco y a Valeria Díaz y Laura Ambrosio, afiliadas a la obra social de los judiciales.
Se trata de una nueva audiencia de la comisión que investiga si los jueces de la Corte incurrieron en «mal desempeño de sus funciones» y «posible comisión de delito».
En su última reunión, la comisión deliberó por casi siete horas para avanzar en la investigación sobre irregularidades en la obra social del Poder Judicial, como parte del juicio político que se sigue a los integrantes de la Corte Suprema.
En esa oportunidad, la comisión aprobó pedir además a la justicia que convoque por la fuerza pública al abogado Mazzeo, quien se ausentó en dos oportunidades e informó hace un mes por Twitter que no iba a concurrir a ese organismo parlamentario.
El primer testimonio fue brindado por la médica legista y perito de la Corte, María Cristina Interlandi, quien afirmó que hay «una limitación de los sistemas y no están informatizadas en la obra social las autorizaciones de medicamentos que corresponde a cada afiliado y, al no estarlo, siempre es una dificultad».
La médica legista indicó asimismo que «no le dieron directivas sobre la tarea que debía realizar la Auditoria».
En tanto, Oscar Fernández, contador y perito de la auditoría de la obra social judicial, señaló que «el presupuesto es una herramienta de gestión, que define cuál es el camino que se tiene que transitar y permite observar los desvíos entre la realidad y las expectativas», a lo que agregó que en el caso de la obra social, vieron que «no contaba» con ningún presupuesto.
También expuso la contadora Melisa Solana, quien se desempeñó como auditora de la Obra Social entre noviembre de 2021 y mayo de 2022 y reconoció ser esposa de uno de los principales asesores de Rosatti.
Asimismo, María Guadalupe Burgos, trabajadora de la obra social, a diferencia de lo indicado por algunos medios, negó ser sobrina política del juez Maqueda.
Finalmente, expusieron dos damnificadas por el mal funcionamiento de la obra social, Laura Coulin y Liliana de Brito, quiénes pusieron de relieve las dificultades administrativas y el atraso para percibir reintegros por los trámites en relación con las enfermedades de sus hijos.