Comisión por la Memoria criticó al Procurador General de la Suprema Corte bonaerense

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) cuestionó hoy al Procurador General de la Suprema Corte, Julio Conte Grand, quien criticó a los defensores oficiales que solicitaron beneficios procesales para internos de cárceles que tienen riesgo sanitario de contraer coronavirus.
Días atrás, el jefe de los fiscales y defensores oficiales bonaerenses, Conte Grand, calificó a los pedidos de morigeración de prisión formulados por la defensa pública -que patrocina al 90% de las personas detenidas- como «desvíos» y «miserias humanas».
Es que en el marco de la pandemia de coronavirus gran parte de los defensores formularon pedidos tendientes a morigerar la prisión de aquellas personas que forman parte de los colectivos vulnerables: enfermos graves, mayores de 65 años, mujeres con sus hijos o embarazadas, colectivo trans y personas imputadas de delitos leves no violentos.
La CPM consideró que es función de los defensores «velar por los derechos de sus asistidos, lo que en este contexto significa proteger su integridad física y su vida» y analizó que «las expresiones vertidas preocupan por el contexto crítico en que se inscriben, pero a la vez evidencian un problema grave y estructural que es el de la falta de autonomía de la defensa pública».
«Las declaraciones del Procurador son particularmente graves en tanto constituyen la persecución de defensores de derechos humanos, lo que entre otras cosas podría acarrear la responsabilidad del Estado argentino ante los organismos internacionales de derechos humanos», destacó el organismo.
A la vez, cuestionó que Conte Grand considere las acciones desplegadas por los defensores para garantizar derechos como «miserias humanas» mientras «sostiene en su cargo y garantiza la impunidad del fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, procesado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar».
«Para transitar este momento crítico que vivimos hace falta garantizar la autonomía de la defensa pública y que el Procurador asuma las complejidades de este tiempo, actuando con mesura, sensibilidad, responsabilidad y un profundo respeto por los derechos humanos», destacó la CPM.
La Comisión objetó la «concentración en cabeza del Procurador General de la dirección del Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa ya que conspira contra la igualdad de recursos que requiere un sistema penal equilibrado».
Recordó que «a nivel nacional la Procuración General y la Defensoría General son organismos autónomos, separados uno del otro» y pidió «por una Procuración General con perspectiva de derechos humanos y una defensa pública autónoma».