Cómo mejorar el empleo en Argentina según UxP, JxC y LLA: nuevos derechos vs. reforma laboral

Las iniciativas en materia de empleo de las fuerzas mejor posicionadas electoralmente para las PASO dividen aguas entre las reformas laborales prometidas por Juntos por el Cambio (Jxc) y La Libertad Avanza (LLA), proclives a la imposición de topes o la eliminación directa de las indemnizaciones por despido, y la convocatoria de Unión por la Patria (UxP) a «garantizar y defender los derechos vigentes» de los trabajadores y «promover otros nuevos».
En caso de llegar al Gobierno, JxC propone normas «precisas» en materia de trabajo, «eliminar la discrecionalidad de los jueces», poner freno a «la industria» de los juicios y modificar el sistema de multas por infracción a las leyes laborales, entre otras cuestiones.
Esa alianza, cuyo liderazgo es disputado por Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, asegura que -en caso de volver a gobernar- las normas «serán precisas, acotadas, eliminando la discrecionalidad de los jueces, evitando la imposición abusiva de montos indemnizatorios y destinando el producido de las multas a financiar el sistema jubilatorio».
Ya durante el Gobierno de Cambiemos (2015-2019), las leyes laborales fueron una preocupación para la (ahora) coalición opositora y, como registro de eso, quedaron denuncias sobre cierta injerencia de funcionarios macristas en la Justicia.
A modo de ejemplo, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Luis Raffaghelli denunció que hubo un «evidente embate» contra la «independencia de la Justicia Nacional del Trabajo» que generó un «ambiente hostil a su libre desempeño».
En ese expediente del 2019 fueron imputados por la Justicia Federal el exministro de Trabajo Jorge Triaca y el exjefe de Gabinete Marcos Peña.
También, un informe de 320 páginas de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos de la Corte Suprema concluyó en el 2021 que existió un particular encono público por parte de referentes macristas (el propio Mauricio Macri, Bullrich, Elisa Carrió y Laura Alonso) dirigido contra jueces federales, fiscales y camaristas.
En el segmento de su plataforma titulado «Juntos por el Trabajo», la coalición opositora advierte que «el ingreso medio (de los trabajadores) se encuentra hoy muy por debajo de lo que necesita una familia tipo para no ser pobre» y afirma que «para revertir esa situación», hay que ponerle «freno a la industria del juicio que hace quebrar a las pymes».
Las pymes fueron uno de los sectores más perjudicados durante los cuatro años de Gobierno de Macri, al compás del tarifazo de los servicios públicos, la depresión del mercado interno, la apertura indiscriminada de importaciones y la falta de acceso al crédito.
Según cifras de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), durante la gestión de Cambiemos cerraron 24.505 pequeñas y medianas empresas, lo que representó una contracción de 4,3% a lo largo de 2015 y 2019.
Esta preocupación actual de JxC parece refutar las políticas adoptadas en ese período, que significaron «la destrucción neta de 276 mil puestos a diciembre del 2019», una situación que, incluso con las consecuencias de la pandemia de coronavirus, quedó revertida este año con la recuperación -desde julio del 2020- de 354 mil empleos (en abril último el empleo privado creció en 17 mil puestos), según un informe de CEPA, con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
En su plataforma, además, JxC marca como objetivo superior robustecer el sistema jubilatorio y desandar quizá algunas de las medidas adoptadas por su propia gestión, como la que llevó a que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (fondo que preserva el dinero de las jubilaciones) perdiera en 4 años unos 45 mil millones de dólares, según advirtió el Sindicato de Empleados de la exCaja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria y la Universidad de Avellaneda (UndAv), entre otros actores sociales que hicieron denuncias públicas sobre el hecho.
La Ley de Reparación Histórica, promulgada durante el Gobierno de Macri (y que estuvo atada al blanqueo de capitales que benefició a la familia del exmandatario), «no sólo puso en riesgo la garantía de las prestaciones ante el devenir de la economía y la evolución demográfica, sino que también implicó prescindir de usar al FGS como instrumento para el desarrollo mediante la inversión en proyectos de infraestructura de alto impacto económico y social», señaló un informe de la UndAv.
Por el contrario, la plataforma de UxP está apoyada en las 27 páginas que sintetizan la matriz del Frente de Todos (FdT) en el 2019 y que es ratificada en este 2023: «Garantizar y defender los derechos vigentes y promover nuevos derechos en el mundo laboral actual» para «mejorar las condiciones de vida» del pueblo, todo atado a un «amplio acuerdo nacional».
Con la certeza de que «el Estado es el garante indispensable de los derechos de la ciudadanía», la coalición de Gobierno postula «estabilizar los precios sin afectar el nivel de empleo; recuperar la participación del salario de los trabajadores en el ingreso nacional, desmonopolizar y estimular la competencia; federalizar la producción y el empleo; el sistema científico tecnológico e impulsar una revolución educativa».
«Lo que tiene que haber es articulación y regulación por parte del Estado allí donde muchas veces el mercado excluye y abandona», subraya UxP, y entre sus decenas de propuestas convoca a ir hacia «un sistema de equilibrios entre capitalismo para producir bienes y servicios y capitalismo para producir comunidad; una alianza virtuosa entre lo público y lo privado, que ha actuado como polea de desarrollo y crecimiento en las economías más pujantes surgidas en los últimos 50 años».
Ese conglomerado de objetivos incluye «desarrollar políticas e incentivos en sectores estratégicos de la economía popular, implementar una política integral de acceso a la tierra, la vivienda y al hábitat digno; fortalecer las empresas públicas nacionales; promover la creación de empresas; promover un salto histórico en el valor de las exportaciones 2024-2028; y desarrollar sectores estratégicos para la sustitución de importaciones».
En las antípodas del oficialismo y con la firme convicción de «achicar el Estado», LLA, la fuerza de Javier Milei, propone en su plataforma «eliminar las indemnizaciones sin causa, reemplazar la ley de riesgos del trabajo y recuperar con inversión privada las escuelas de artes y oficios» para generar empleo, entre otros puntos.
«Promocionar una nueva ley de contrato de trabajo sin efecto retroactivo, cuya principal reforma resulte eliminar las indemnizaciones sin causa para sustituirlas por un sistema de seguro de desempleo a los efectos de evitar la litigiosidad», es la primera de las iniciativas de Milei, quien también apuesta a la «libertad de afiliación sindical», a «limitar» los mandatos de los dirigentes gremiales y a «reducir las cargas patronales que gravan el trabajo».
Con la invitación a que la Argentina vuelva a ser una «potencia agropecuaria», los libertarios apoyan sus teorías en una reivindicación de la «matriz productiva» del país de principios del siglo pasado, sostenida por el «esfuerzo, trabajo y motivaciones de ascenso social de la clase media trabajadora».
«Los gobiernos populistas y totalitarios que marcaron el cambio de época de mediados del siglo pasado, coadyuvaron para la relajación de esa metodología de vida y trabajo. La intromisión del Estado paternalista, que proveía de bienes de capital a sus habitantes, inhibió la iniciativa privada de crecimiento de esa clase media y fundamentalmente de las clases más bajas y necesitadas», argumenta LLA.