Referentes de diversos sectores expusieron hoy sus posturas sobre la ley ómnibus del Gobierno, en el marco del sexto plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que debate el proyecto sobre el cual el oficialismo aspira a dictaminar en los próximos días.
En el plenario de las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, Mercedes Pombo, cofundadora de Jóvenes por el Clima, cuestionó las reformas contempladas en la ley sobre ese tema.
Sostuvo que «votar esto en este contexto no se puede calificar de otra manera que traición a la patria y traición a nuestra generación, que va a pagar estas modificaciones con su presente y su futuro», al advertir que introduce «profundas modificaciones que implican retrocesos muy significativos en materia ambiental» que, dijo, dejan al país «más expuesto frente a la crisis climática».
Por el contrario, por la empresa Nea Servicios Integrales de Limpieza e Higiene, Silvia Blanc dijo haber sido «víctima de aprietes sindicales cuando representantes gremiales irrumpieron en mis actividades de manera extorsiva» y respaldó las reformas en materia laboral contempladas en la ley «para el beneficio de todos. No es la ley perfecta pero empecemos por cambiar algo».
En esa línea, el empresario pyme, Matías Benetti, propietario de Duers, una fábrica de muebles de oficina, respaldó «los cambios a la legislación laboral».
Y sostuvo que «así como está la situación de las pequeñas empresas resulta imposible afrontar costos, por lo tanto se argentiniza para sobrevivir. Vengo a pedirles no argentinizar para poder seguir creciendo y no achicar mi plantel y que pueda ser el mayor exportador de muebles de oficinas. Votamos un cambio, queremos un cambio, queremos ser libres, trabajar y prosperar».
Por su parte, la psicóloga María Gabriela Dik, del Colegio de Psicólogos de Mendoza, cuestionó las modificaciones en materia de salud mental contempladas en la ley, al sostener que se trata de «un retroceso» en la materia, y afirmó que «necesitamos más educación, más arte, más deporte y menos encierro».
«Todos los que trabajamos en salud sabemos que el encierro no ha curado a nadie. Solicitamos que la juventud sea respetada en lugar de ser encerrada y reprimida. Solicitamos que defiendan la libertad individual y que sigan siendo garantes de la libertad, que no sea un bien de mercado sino un derecho que se conquista», abundó.
Eduardo Martínez, del Plenario de Trabajadores Jubilados, consideró que la fórmula de movilidad previsional «había que mejorarla, no derogarla», y recordó que hay «800 mil juicios previsionales parados en la justicia».
«¿Qué esperan? ¿Que se mueran los litigantes?», se preguntó, a la vez que afirmó que «los haberes van a seguir decreciendo. Quieren transformar la jubilación en una suerte de ‘asignación universal por viejo'».
La profesora de la Facultad de Derecho de la UBA Beatriz Rajland consideró que «esta ley beneficia a los sectores más concentrados de la economía» y sostuvo que «cuando el presidente (Javier) Milei reivindica a cien años atrás o más, la historia nos indica que esa reivindicación es la reivindicación de la pobreza, el fraude, la represión y los ingentes beneficios de los sectores que hablamos».
En tanto, la secretaria general de la Asociación de Abogados Laboristas, Mariana Amartino, cuestionó las reformas en materia laboral que propone la ley, al sostener que «ni la dictadura de 1976 se animó a tanto». Y pidió al Congreso Nacional «asumir su responsabilidad, efectuar el control de constitucionalidad y rechazar la norma».
Matías Delgado, de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), aseguró: «Somos mineros y pobladores que defendemos la soberanía y hablo por los trabajadores y por los pobladores». Añadió que «Yacimientos es viable y rentable para este país, pero si aprueban el DNU van en contra de las cuencas de Río Turbio», y alertó: «Nuestro espacio de trabajo está ubicado a 30 kilómetros de Chile, es una zona fronteriza, y por eso nosotros hacemos patria y defendemos soberanía».