Marcelo Leonardo, María Natalia, María Eugenia y Ana María Save, hijos del genocida Miguel Save -quien fue integrante de la llamada “Patota de Aníbal Gordon”- fueron condenados por el delito de lavado de activos y deberán pagar más de 10 millones de pesos cada uno de ellos.
Lo dispuso el Tribunal Federal N° 1 de Mar del Plata, que además ordenó que los inmuebles ubicados en Chascomús sean decomisados, y entregados a la Provincia.
El juez Roberto Falcone sostuvo “ordeno el decomiso de los terrenos para que la Provincia realice allí tareas vinculadas a la memoria sobre el terrorismo de Estado”.
En este sentido, en un comunicado, el Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno destacó “el gran trabajo realizado por la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, en este primer juicio por lavado de activos vinculado con delitos de lesa humanidad, a partir del dinero robado a un desaparecido por parte de un integrante de la patota de la Banda de Aníbal Gordon”.
“Es muy importante la cesión de estos terrenos a la Provincia para realizar tareas vinculadas a la Memoria, y así profundizar el camino trazado por el gobernador Axel Kicillof desde diciembre de 2019, en políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Esto ocurre a pesar de que el gobierno nacional intenta negar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura”, sostuvo.
El represor Leonardo Miguel Save, integrante de la patota que dirigía Aníbal Gordon que operaba en el centro clandestino “Automotores Orletti”, secuestró al dirigente uruguayo Alberto Cecilio Mechoso Méndez en el marco del Plan Cóndor en 1976, le robó más de dos millones de dólares y con ese dinero, compró estos terrenos en un barrio a la vera de la laguna de Chascomús, donde intentó construir un complejo residencial exclusivo.
En su alegato, la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, querellante en la causa Save, y la fiscalía habían solicitado condenas de entre 3 y 5 años de prisión para los hijos de Save, por entender que no podían desconocer la procedencia de ese dinero.
Durante la investigación se determinó que la compra de los terrenos fue realizada a través de apoderados y nombres falsos. En el año 1999 el represor Miguel Save comenzó a realizar gestiones para poner a su nombre los valiosos terrenos.
Tras su muerte, ocurrida en 2006, fueron sus hijos, hoy condenados, quienes continuaron con esa tarea. En el año 2008 y luego de varias maniobras irregulares, los hermanos Save pudieron escriturar las parcelas que, por decisión de la justicia, quedarán en manos de la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial.
“El lavado de dinero es un delito permanente”, indicó el juez Falcone al leer el veredicto este mediodía.
