La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy una condena de seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos contra la ex presidenta y exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios por el delito de “administración fraudulenta” en la causa conocida como «Vialidad».

Los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos ratificaron el fallo de primera instancia, aunque la sentencia no quedará firme hasta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia.

Durante la lectura de la resolución en los tribunales federales de Comodoro Py, ninguno de los condenados estuvo presente, con la excepción del exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala.

En uno de los puntos del fallo, los jueces ordenaron el decomiso de bienes vinculados al delito, valuados en casi 85 mil millones de pesos, monto que deberá depositarse en un plazo de diez días hábiles una vez que la sentencia quede firme. También se dispuso que la suma sea “ajustada” conforme a los cálculos de organismos técnicos.

La sala rechazó, por los votos de Borinsky y Barroetaveña, el pedido de los fiscales de aplicar la figura de “asociación ilícita”, mientras que Hornos votó a favor de su inclusión.

La causa Vialidad investigó contrataciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, concluyendo que hubo un esquema fraudulento en 51 licitaciones irregulares para la construcción de rutas. Tanto en primera instancia como ahora en casación, la justicia consideró probado que las obras fueron adjudicadas en forma sistemática a un grupo de empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez.

La asignación de contratos a este conglomerado, cuyo crecimiento económico aumentó en paralelo a las concesiones de obra pública, perjudicó al erario público, según evaluaron los tribunales.

La mayoría de las licitaciones fueron gestionadas por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), bajo delegación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), aunque en algunos casos la DNV también intervino directamente. Por ello, la acusación alcanzó a funcionarios de ambas entidades, como Nelson Guillermo Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez.

Según la justicia, estos funcionarios, junto al exsecretario de Obras Públicas, José López, habrían avalado irregularidades tanto en las licitaciones como en la ejecución de las obras.