Convertir ayuda social en empleo registrado, una de las metas centrales del 2021 pese al coronavirus

El Gobierno le dio impulso este año a acuerdos transversales entre sus ministerios y la mayoría de los actores de la economía para vincular a beneficiarios de planes sociales con la actividad privada y avanzar así en su idea medular de generar trabajo genuino e inclusión y formalizar un universo de 6,4 millones de argentinos que se gana la vida dentro de los márgenes de la economía popular, tras haberse superado la etapa más crítica de la pandemia de coronavirus.
Si bien en octubre último, con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 711/2021, el presidente Alberto Fernández oficializó su decisión de convertir la ayuda social en empleo registrado en el sector privado, con incentivos para la contratación, meses antes el Estado había concretado varios convenios con cámaras empresarias, sindicatos y asociaciones de trabajadores.
El programa «Potenciar Trabajo» aparece como nave insignia y ya en agosto fue formalizada la actividad de unos 250 mil trabajadores rurales, que mantienen la asistencia del Estado, sin perder las asignaciones ni ninguna de sus atribuciones, bajo acuerdos laborales fiscalizados por los Ministerios de Desarrollo Social y Trabajo, a cargo de Zabaleta y Claudio Moroni, respectivamente.
Sin embargo, otro de los esquemas fuertes al que apostó el Gobierno desde octubre es el «Construir Trabajo e Igualdad», focalizado en el sector de la construcción, que tuvo el aval tanto de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), conducida por Iván Szczech, como del gremio, liderado por Gerardo Martínez.
El lanzamiento del programa fue acompañado por el pleno del Gabinete, que cerró filas detrás de la idea de «reconstruir el tejido laboral» tras los estragos del coronavirus y, como sintetizó entonces el ministro de Economía, Martín Guzmán, de la necesidad de «articular una solución a uno de los problemas estructurales más graves, el de la exclusión de millones de argentinos y argentinas de los mercados del trabajo, provocada por modelos económicos fallidos».
En esa oportunidad, también, Zabaleta marcó el compromiso de su gestión: «Que Desarrollo Social deje de ser el ministerio de la emergencia para ser el ministerio de la reconstrucción».
En el programa «Construir Trabajo e Igualdad» el Gobierno incluyó una premisa clave: los contratos debían asegurar la «formación, capacitación profesional e inserción laboral formal en obras públicas nacionales, provinciales y municipales para personas beneficiarias de planes de asistencia social», en especial a «desocupadas y desocupados de segmentos sociales, culturales o de género vulnerados».
La educación para el trabajo fue una consigna ya utilizada en la historia reciente del país: entre el 2003 y el 2011, durante los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, se generó algo más de 5 millones de puestos laborales, de los cuales el 70% fue empleo formal privado, en un período con fuerte capacitación, revalorización del Consejo del Salario, de los convenios colectivos, protección social a los empleados, a los desocupados y a los jóvenes.
Este año, la construcción mostró «un crecimiento sostenido de la mano de la inversión pública», destacó Szczech, titular de Camarco, e indicó que, de agosto a octubre, «se recuperaron 80 mil puestos de trabajo».
El Construir Trabajo ya en marcha apunta, en primer término, a los conglomerados urbanos con mayores índices de vulnerabilidad, como el Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Santa Fe y Gran Tucumán, con la perspectiva de «federalizar» la oferta laboral y alcanzar una distribución equitativa de la oferta de trabajo, en línea con una de las premisas repetidas por el presidente Alberto Fernández.
Para una primera etapa, entre este último trimestre del 2021 y el primero del año próximo, el Ministerio de Obras Públicas fijó la incorporación al programa de 124 obras, que representan una inversión total de $21.761 millones y que generarán 5.792 empleos directos con perspectiva de género y otros 3.141 indirectos.
Según datos oficiales, la construcción demanda al menos el 5% del empleo registrado en cada provincia y, además, moviliza sectores estratégicos como la energía, la industria y los servicios.
Un informe elaborado por la Dirección Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas destacó que el empleo en el sector de la construcción, entre enero y octubre, marcó un incremento del 37,9% y en 10 meses sumó 375 mil puestos laborales, resultado que ubicó la situación del sector por encima de los niveles previos a la pandemia.
De igual manera, la actividad industrial aumentó durante octubre 4,3% en relación a igual mes del año pasado y, de enero a octubre, la suba alcanzó un 17%.
Frente a estos indicios alentadores, el Gobierno aspira a un cambio de paradigma: que la ayuda social se convierta en actividad productiva.
Para eso, el Estado no sólo aporta la mitad del salario mínimo que pagan los contratistas a los trabajadores del Progresar, sino que cada ministerio entrecruza información para identificar las necesidades en cada territorio y organizar la fuerza de trabajo y la capacitación.
Así se diseñan e impulsan luego obras para mejorar los barrios, como la construcción de polideportivos, reparaciones en escuelas, saneamiento cloacal o la provisión de agua potable.
En esa lógica se encuadra el Programa Mejor Barrio, puesta en marcha en el partido bonaerense de Berazategui, pero que prevé -en todo el país- la construcción de 400 playones multideportivos, de 19 x 32 metros, y áreas de esparcimiento, que no sólo contribuyen al encuentro social y a mejorar la calidad de vida en comunidad, sino que motoriza mano de obra intensiva y mercado interno, con una inversión estatal de 5.000 millones de pesos.
También, el programa Mi Pieza, del Ministerio de Desarrollo Social, aplica una fórmula similar. Este año benefició a algo más de cien mil mujeres de barrios populares que accedieron a préstamos subsidiados para refaccionar o ampliar sus viviendas, en los que el Estado inyectó 8 mil millones de pesos.
Es la idea de «un Estado que tiende puentes», como resumió días atrás Zabaleta, y que pone en marcha una estrategia de ida y vuelta: el trabajo genera trabajo y, cuando la rueda de la economía empieza a girar, indefectiblemente se satisfacen otras demandas colectivas.
Con ese espíritu, además, el Gobierno presentó este año el proyecto de ley de «Fomento al Desarrollo Agroindustrial» para la generación de 700 mil puestos de trabajo hacia el 2030 y lanzó los planes Te Sumo, que facilita la inserción de jóvenes de entre 18 y 24 años al mundo del trabajo, y Argentina Programa, que brinda subsidios para adquirir computadoras a jóvenes que quieran formarse como programadores de software.
«Se trata de estimular a las empresas de tecnología para que inviertan y generen empleo y, por otro lado, estimular la capacitación para que haya más chicos y chicas formados en estas habilidades y puedan conseguir el trabajo», explicó en su momento el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
Hacia el 2022, la idea del Gobierno es dotar de más instrumentos al sector privado para que le resulte más fácil contratar trabajadores, fortalecer las paritarias con «revisiones cortas» y mantener las «unidades productivas» del programa Repro, entre otros dispositivos.
Todo enfocado a generar las condiciones necesarias para que haya más empleo genuino en el país.