El gobierno bonaerense creó hoy mediante la resolución 1.673 publicada en el Boletín Oficial del distrito el «Observatorio de Acceso a la Justicia» en la órbita de la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima.
El organismo deberá recopilar, sistematizar y analizar los datos e información respecto al acceso a derechos; desarrollar un sistema de información permanente de orden consultivo que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas que garanticen el acceso a derechos y la asistencia a víctimas.
Además, tendrá que elaborar informes generales para su posterior publicación y divulgación social; generar espacios de articulación y cooperación entre la Dirección Provincial de Acceso a Justicia y Asistencia a la Víctima y organismos gubernamentales, sociales y académicos, para intercambiar y actualizar información de manera permanente.
En los fundamentos de la medida, se recordó que la Constitución de la provincia de Buenos Aires «asegura tanto la tutela judicial continua y efectiva como el acceso irrestricto a la justicia» y «establece que la Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales».
«A los fines de poder promover y garantizar esta política de derechos esenciales, resulta necesario que, desde el propio Estado se adopten políticas y acciones tendientes a facilitar el acceso a la justicia y derechos», se indicó.
Se apuntó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe diseñar e implementar políticas públicas «relativas a facilitar el acceso al sistema de justicia de la ciudadanía, especialmente de los grupos vulnerables».
Luego, se planteó que el objetivo principal del Observatorio será el de «recopilar, sistematizar y analizar los datos e información respecto al acceso a derechos».
En ese marco, se expuso que «toda la información obtenida por el Observatorio, será estudiada y analizada, de forma sistemática para la elaboración de informes generales para su posterior publicación y divulgación en la sociedad».
También se puso de relieve la necesidad de articular con otros organismos gubernamentales, sociales y académicos, para «intercambiar y actualizar información» e impulsar «el desarrollo de insumos esenciales para la planificación virtuosa y precisa de políticas públicas multiagenciales y focalizadas en las necesidades sociales».