La expresidenta publicó una carta abierta en la que cuestionó a la Justicia argentina, aseguró que busca proscribirla de la vida política y confirmó que presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió este miércoles una carta abierta titulada «El costo democrático de la politización de la justicia», en la que volvió a cuestionar las causas judiciales en su contra, denunció una estrategia de persecución política y confirmó que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
En el texto, la exmandataria sostuvo que las decisiones judiciales que la involucran «no tienen como destinataria únicamente a una persona», sino que apuntan contra el proyecto político que representa y contra «la voluntad soberana del pueblo argentino».
Cristina Kirchner afirmó que el proceso judicial en su contra constituye una violación de los derechos humanos y atribuyó esa situación a la existencia de un «machismo estructural» dentro de sectores del sistema judicial argentino. En ese sentido, sostuvo que fue juzgada no sólo por sus actos de gobierno, sino también por su condición de mujer y por haber ejercido el liderazgo político.
En uno de los pasajes centrales de la carta, la exjefa de Estado vinculó su condena en la causa Vialidad con un intento de excluirla de la competencia electoral. «La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria», afirmó, al sostener que el objetivo de las decisiones judiciales es impedir que vuelva a representar electoralmente a un sector de la sociedad.
La exmandataria también relacionó la persecución que denuncia con el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022, al señalar que el nivel de violencia y estigmatización en su contra contribuyó a generar un clima que derivó en ese hecho.
En otro tramo de la carta, sostuvo que la utilización del sistema judicial para desplazar dirigentes con respaldo popular no constituye un fenómeno exclusivo de la Argentina, sino una práctica que, según afirmó, se repite en distintos países mediante la utilización del derecho como herramienta para neutralizar adversarios políticos.
Como parte de su estrategia jurídica, Cristina Kirchner anunció que presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al considerar que los mecanismos internos del país dejaron de garantizar la protección de sus derechos fundamentales.
Además, informó que incorporó a su equipo de defensa a los abogados Javier Borrego, de España, y Rafael Valim, de Brasil, a quienes definió como especialistas en derecho internacional y derechos humanos. Según explicó, ambos representarán su caso en la nueva instancia internacional.
En ese marco, sostuvo que los magistrados argentinos que intervinieron en su juzgamiento «serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos», donde, según indicó, deberán responder por el respeto a principios como la independencia judicial, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
Hacia el final del documento, la expresidenta reafirmó que continuará impulsando su defensa judicial y convocó a sus seguidores a mantener la esperanza. «Jamás me doblegaré ante quienes creen que pueden vencer mediante la persecución y el miedo», expresó, al tiempo que aseguró que seguirá luchando por el reconocimiento de su inocencia y por la defensa de la democracia y los derechos políticos.