Entre incendios, desmontes, humedales en peligro y activismo juvenil, la lucha ambiental en Argentina crece desde los territorios y reclama leyes, presupuesto y participación. Una radiografía federal de los desafíos ecológicos del país.
Cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha creada por la ONU en 1972 para alertar sobre los efectos de la crisis ecológica global. En Argentina, lejos de ser un simple recordatorio, la fecha encuentra eco en múltiples frentes: desde los incendios forestales en el Delta hasta los desmontes en el norte, desde los basurales en el conurbano hasta las disputas por el agua en Mendoza, el ambiente es una cuestión de urgencia y también de militancia.
El lema internacional de este año es “Nuestras tierras. Nuestro futuro”, con foco en la restauración de suelos y ecosistemas. En el país, donde se pierden miles de hectáreas de bosque nativo cada año y los conflictos ambientales se multiplican, organizaciones socioambientales, científicos, pueblos originarios y jóvenes activistas exigen algo más que discursos: piden leyes concretas, controles efectivos y justicia ambiental.
Emergencia ecológica y desigualdad territorial
Argentina atraviesa una doble crisis: ambiental y social. Por un lado, es uno de los países con mayor tasa de deforestación en América Latina: solo en 2023 se desmontaron más de 130.000 hectáreas, especialmente en Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta, según Greenpeace. Muchas veces, esos desmontes violan la Ley de Bosques, que clasifica las zonas por nivel de protección.
Por otro lado, el cambio climático ya impacta con sequías prolongadas, olas de calor, incendios, inundaciones y pérdida de biodiversidad. En 2022, por ejemplo, el fuego arrasó más de un millón de hectáreas en todo el país. Solo en Corrientes, se quemó casi el 12% de la provincia.
“La degradación ambiental no afecta a todos por igual. Las comunidades rurales, indígenas y urbanas más vulnerables son las más golpeadas. Y muchas veces ni siquiera tienen acceso al agua potable”, señala Cecilia Nicolini, presidenta de la Fundación Biósfera.
La situación es crítica también en zonas urbanas: hay más de 5.000 basurales a cielo abierto en todo el país y unas 4.400 villas y asentamientos sin servicios básicos. El conurbano bonaerense, Rosario y el Gran Córdoba son ejemplos donde el derecho a un ambiente sano choca con la falta de planificación urbana.
Jóvenes, el nuevo motor del ambientalismo
Una de las grandes novedades del siglo XXI es el auge del ambientalismo joven. Grupos como Jóvenes por el Clima, Fridays for Future Argentina, Alianza por el Clima o EcoHouse organizan marchas, campañas de concientización, talleres en escuelas y presión legislativa. El reclamo de estos espacios no es sólo ecológico: también es político, interseccional y con perspectiva de justicia social.
“El ambientalismo dejó de ser una causa de élite para convertirse en una bandera popular. Porque sin agua, sin tierra, sin aire limpio, no hay derechos humanos posibles”, afirma Bruno Rodríguez, referente de Jóvenes por el Clima.
Además, se multiplican las iniciativas autogestivas: huertas urbanas en barrios populares, cooperativas de reciclado, proyectos agroecológicos y campañas para separar residuos. En paralelo, las redes sociales amplifican el mensaje y permiten organizar acciones colectivas en todo el país.
Humedales, glaciares y litio: la pulseada por los recursos
Uno de los grandes temas pendientes en la agenda ambiental argentina es la Ley de Humedales. Aunque fue presentada varias veces, nunca logró aprobarse en el Congreso. Estos ecosistemas —que cubren cerca del 21% del territorio nacional— cumplen funciones clave: almacenan agua, regulan inundaciones y absorben carbono. Sin embargo, están en riesgo por el avance inmobiliario, la ganadería intensiva y la quema ilegal.
Otro frente en disputa es el del litio, clave para la transición energética pero con fuertes tensiones socioambientales. En Jujuy, Salta y Catamarca, las comunidades indígenas reclaman ser consultadas antes de la explotación, mientras denuncian el impacto en las fuentes de agua dulce del altiplano.
Lo mismo sucede con los glaciares: pese a tener una ley que los protege, hay emprendimientos mineros —como el caso de Veladero en San Juan— que avanzan en zonas periglaciares.
“El ambiente no puede ser una variable de ajuste. Si vamos a pensar en un modelo de desarrollo, tiene que ser con licencia social, con respeto a la naturaleza y con participación real de las comunidades”, señala la abogada ambientalista Maristella Svampa.
¿Qué se está haciendo?
En los últimos años, hubo algunos avances normativos: se fortaleció el Plan Nacional contra el Cambio Climático, se firmó el Acuerdo de Escazú, se sancionó la Ley Yolanda (capacitación ambiental obligatoria para funcionarios públicos) y se impulsaron programas de energías renovables.
Sin embargo, los recortes presupuestarios en áreas como Ambiente, Ciencia y Educación ponen en riesgo esas políticas. En 2024, el Ministerio de Ambiente fue degradado a secretaría y su presupuesto sufrió una baja real del 65%.
Desde las ONG reclaman no solo sostener, sino ampliar las partidas destinadas a bosques, humedales, residuos y cambio climático. También piden más fiscalización, acceso a la información pública y herramientas para que las provincias cumplan con las leyes vigentes.
La tierra como sujeto, no como recurso
Frente a la lógica extractivista y la crisis climática, cada vez más sectores proponen un cambio de paradigma: pensar la naturaleza no como objeto de uso, sino como sujeto de derechos. En 2022, la provincia de Mendoza declaró al río Atuel como “sujeto de derecho”, siguiendo el camino de Colombia, Bolivia y Ecuador, donde se reconocieron ríos y bosques con estatus legal propio.
“El ambiente no es una externalidad. Es el entramado que sostiene todas nuestras vidas. Cuidarlo no es una opción: es una obligación con las futuras generaciones”, concluye la socióloga ambiental Vanesa D’Alessandro.
Este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, el llamado es claro: cuidar lo que queda, restaurar lo que se perdió y repensar el vínculo con la naturaleza. En un país donde la tierra arde, las aguas se secan y los jóvenes alzan la voz, la ecología ya no es solo una causa: es una urgencia ética, política y vital.