El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo hoy que “cuesta entender cómo algunos no quieren ver los cambios que propone» el Ejecutivo y aseguró que el Gobierno quiere “que la política entienda”, al pedir al Congreso la aprobación del proyecto de ley de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» enviada al Congreso por el Gobierno nacional.
Asimismo, el vocero presidencial, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, reiteró que el contenido de esa iniciativa «no se negocia», pero aseguró que el Ejecutivo está abierto a recibir «sugerencias».
«No negociamos el contenido de la ley, pero aceptamos todas las sugerencias. Todo lo que cambie la vida en materia de libertad va a ser escuchado y todo va a ser mejorado. Soy claro porque últimamente se han confundido los términos. La ley no se negocia», subrayó el funcionario.
Ante una consulta sobre el trámite que seguirá el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) promulgado por el presidente Javier Milei para impulsar la desregulación de la economía, tras algunos fallos que recibió esa normativa, Adorni aseguró que el Gobierno «es súper respetuosos del poder judicial».
«Entendemos que el DNU no reviste ni inconstitucionalidad ni ilegalidades, por lo tanto confiamos en que en la última instancia judicial se van a resolver todos los planteos que ha recibido», acotó.
En cuanto a las opciones que maneja el oficialismo ante un eventual escenario en el cual el proyecto de ley «Bases» no sea aprobado por el Congreso, el funcionario afirmó que el Ejecutivo «no evalúa» esa posibilidad.
«No vemos chance de que eso suceda. Estamos en un camino de entendimiento. Creemos que los que se propuso en campaña terminará por ser apoyado. Nos cuesta comprender determinadas posiciones cuando estamos viviendo una situación tan decadente. Llama la atención de alguien que no quiera cambiar de cuajo esta situación. Apelamos a que la política entienda que, de este lado, las cosas están hechas y que la sociedad pretende que del otro lado también se hagan», fundamentó.
Sobre el debate que empieza hoy en la Cámara de Diputados para tratar la denominada «ley ómnibus», Adorni ratificó que «hoy se harán presentes el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el secretario de Energía, Eduardo Chirillo, quienes comenzarán con las explicaciones que los diputados crean pertinentes».
Por otra parte, el vocero presidencial expresó el «apoyo y solidaridad» del Gobierno con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuya familia recibió varias amenazas y decidió trasladar a su familia de Rosario.
«Ya lo ha anunciado la ministra (de Seguridad, Patricia) Bullrich. Vamos a tomar medidas y es decisión del Presidente es que el ministerio de Defensa y el de Seguridad trabajen en conjunto para terminar con las mafias que hoy dominan parte de la República», añadió.
Además, Adorni refirió que «ayer por la tarde hubo algún comentario de una periodista, en relación a detalles sobre la mudanza del presidente Milei (a la Residencia de Olivos, en las que hizo referencia a un comentario que surgió de los voceros oficiales».
«El único vocero oficial del Presidente de la Nación y de lo que ocurre en la Casa Rosada soy yo. No hay otro vocero que represente al Presidente, No hay otra voz y en tal caso, todo lo que no salga de mi boca y no sea real, es mentira. Lo de ayer (respecto al traslado de los perros de Milei a Olivos) puso en riesgo mi trabajo y lo que represento», subrayó el funcionario.
Además, el vocero contó que, como parte del «achicamiento de la estructura del Estado y ahorro fiscal» se tomó la decisión de implementar un «plan de racionalización de gastos del Ministerio de Seguridad para el primer trimestre del año, que tiene 1.254 empleados y había 98 de ellos que tenían algún tipo de doble contratación así que fueron dados de baja inmediatamente».
«Además había 77 contratos dados de baja en 2023 que han sido dados de baja y 400 contratos de los 1254 que están en revisión», fundamentó.
Agregó que algunas otras `determinaciones» que adoptó la titular de la cartera, Patricia Bullrich, está la de haberse eliminado todos los intermediarios de los seguros de todo el Ministerio, que implica un ahorro de unos 500 millones de pesos».
«También se eliminó el 90% de los equipos de celulares, estimando un ahorro de 60 millones de pesos, y se ha racionalizado algunos insumos como café y otras cuestiones en las que se van a ahorrar casi diez millones y medio de pesos», observó.
Ante una consulta sobre un documento de juristas en el que piden su rechazo a la reforma del Código Civil y Comercial por medio de la «ley ómnibus», Adorni consideró que son «opiniones libres de terceros y que respetamos».
