La Subsecretaría de Derechos Humanos será la autoridad de aplicación del Registro Único de Trabajadoras y Trabajadores Estatales, así como de Estudiantes que hayan sido víctimas de asesinato y/o desaparición durante los años 1974 y 1983.
Así lo dispuso el decreto 466 publicado hoy en el Boletín Oficial del distrito, donde se expuso que la Ley 15.204 persigue el objetivo «de mantener viva la memoria con un carácter reparatorio de los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar».
La medida dispone que el Registro funcionará bajo la órbita de la Dirección Provincial del Archivo Provincial de la Memoria y deberá instar a los organismos provinciales y establecimientos del sistema educativo provincial a a remitir la lista de personas asesinadas y/o desaparecidas que estén registradas en sus archivos.
Además, tendrá la función de notificar a los familiares directos de las víctimas, quienes podrán determinar si autorizan o no a que el nombre de su familiar sea exhibido.
El decreto determina que se realizarán campañas de difusión del Registro Único de Trabajadoras y Trabajadores Estatales y de Estudiantes para obtener información y promover investigaciones que permitan complementarlo.
La norma prevé la colocación en todas las dependencias, instituciones estatales y establecimientos educativos de placas identificatorias en homenaje a los trabajadores que desempeñaban tareas en ese organismo y/o a estudiantes que hayan sido asesinados/as y/o desaparecidos/as durante o como consecuencia del terrorismo de Estado.
Finalmente, se dispone que se podrá invitar a referentes de los distintos organismos públicos provinciales, del ámbito legislativo y judicial; familiares de las víctimas, demás organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y sindicales, a crear comisiones de trabajo «a fin de lograr la inclusión y participación de estos actores en el diseño de las placas identificatorias».