El Gobierno de Javier Milei reglamentó hoy mediante la Resolución 1074/2024 publicada en el Boletín Oficial el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), por lo que las compañías podrán presentar sus proyectos de inversión a través de una plataforma de Trámites a Distancia (TAD).
El régimen, aprobado por el Congreso como parte de la Ley Bases en junio pasado, ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años a proyectos de inversión que superen los US$ 200 millones.
Entre los beneficios propuestos por la nueva normativa, se destaca la reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la devolución acelerada del IVA y retenciones cero para las exportaciones.
Del mismo modo, las importaciones para consumo y de bienes de capital, repuestos, partes y componentes se encontrarán exentas de derechos de importación y todo régimen de percepción, recaudación o retención de tributos nacionales o locales.
Estos beneficios abarcan inversiones en sectores estratégicos como petróleo y gas, minería, energías renovables, foresto industria, siderurgia, tecnología, infraestructura y turismo.
Así, se pretende “dar previsibilidad, seguridad jurídica y a fijar reglas claras para el desarrollo de proyectos, en especial con potencial exportador, impulsando así el empleo y el crecimiento del país”, se indicó desde la administración nacional.
La disposición también define los detalles respecto de los beneficios arancelarios, fiscales y cambiarios que contempla el régimen, los sujetos que podrán percibirlos y las mercaderías alcanzadas por estos beneficios.
Del mismo modo, se contempla el desarrollo de proveedores locales, a quienes da iguales condiciones para producir y vender bienes de capital a los titulares de los proyectos, denominados Vehículos de Proyecto Único (VPU).
La Ley Bases, establece que cada proyecto adherido al RIGI debe contar con un “plan de desarrollo de proveedores locales” que, como mínimo, contemple contrataciones por el 20% del monto de la inversión destinada a proveedores del país comprendiendo tanto la etapa de construcción como la de operación del proyecto.
Estas firmas proveedores deberán estar constituidas en el país y, en el caso de sociedades, que el 51% como mínimo de su capital social sea propiedad de personas humanas o jurídicas como domicilio fiscal en el país.
Según se precisó en la reglamentación de hoy, el plazo para la aprobación de cada proyecto son 45 días, desde su postulación en TAD.
El RIGI también permite que las provincias que lo deseen puedan adherir y otorgar beneficios adicionales para las empresas que inviertan, además de la estabilidad fiscal y la seguridad jurídica del régimen nacional, que establece que no se le podrá aumentar la carga tributaria a los proyectos involucrados por 30 años.
Entre las provincias que ya adhirieron al RIGI se encuentran Córdoba, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Salta y San Juan, en tanto que se encuentran en evaluación nuevas adhesiones.
Además de formalizar al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación del RIGI, la resolución reglamentaria crea una Comisión evaluadora integrada por la Jefatura de Gabinete de Ministros y en la que intervienen, en el ámbito de Economía, la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, la Secretaría de Coordinación de Producción, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas.
A su vez, la Secretaría de Industria y Comercio, a través de la Subsecretaría de Política Industrial, será la encargada de evaluar técnicamente a los VPU.
“De esta manera, los proyectos que se postulen serán evaluados en primera instancia por el área de competencia primaria en el tema y será el Ministerio de Economía quien dictamine su viabilidad, por recomendación de la Comisión evaluadora”, según se precisó en el comunicado oficial.
