Desde hoy, los municipios ya no podrán incluir sus tasas en las facturas de servicios públicos

Las facturas de servicios públicos desde hoy no podrán incluir tasas e impuestos ajenos a la prestación que se trate, a partir de la entrada en vigencia de la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación.
La normativa, que había sido oficializada en septiembre, otorgó el plazo de un mes para que las empresas puedan adecuar el modelo de facturación.
Si bien está dirigida especialmente a las facturas de la electricidad y gas, en las cuales los municipios solían incluir tasas, la resolución abarca a las facturas y comprobantes de cualquier bien o servicio contratado.
Estas ya no podrán incluir cargos ajenos como tasas e impuestos y solo podrán incluir la descripción y el precio correspondiente al servicio abonado.
En caso de incumplimiento, los consumidores podrán denunciar las irregularidades a través del mail [email protected], según informó el área.
Las empresas que no cumplan con esta norma podrán ser sancionadas de acuerdo a las penalidades previstas en la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias de Defensa del Consumidor, entre las cuales se incluye la apertura de un sumario administrativo y la aplicación de multas.
Esta práctica «representaba no sólo una violación al deber de brindar un trato digno a los consumidores, sino que implicaba también una clara violación a la libertad de elección del consumidor», indicó Comercio al anunciarse la medida.
Dentro del ámbito de aplicación, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicaron resoluciones esta semana que prohíbe a las empresas prestadoras incluir en las facturas conceptos ajenos a los servicios prestados.
La secretaría recordó que la decisión «surge como respuesta a las reiteradas denuncias públicas sobre municipios y gobiernos provinciales que incluyen tasas locales e impuestos que no corresponden a la facturación de servicios esenciales».
Al ser anunciada la medida, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que «la transparencia fiscal ayudará a generar mayor conciencia fiscal y a bajar el gasto».
Y consideró que «el gasto público provincial y municipal creció tanto en los últimos años porque sus impuestos y tasas se ocultaron en facturas o como un impuesto más».
En esa misma ocasión, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la prohibición a los municipios de incluir impuestos y tasas locales en las facturas de servicios es para «defender la transparencia y a los ciudadanos».
Precisamente, una de las problemáticas que entró en el debate público al anunciarse la medida fue el peso de las tasas municipales, no solo en las facturas al consumidor sino también a las empresas.
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) denunció que en diferentes jurisdicciones del país «se dispararon las tasas municipales», e ilustró con el aumento que dispuso el partido bonaerense de Lanús que aumentó de 2,76% a 6% su tasa de seguridad e higiene.
Se trata de «tasas injustificables» que «ponen en riesgo la supervivencia de las empresas y desalientan las inversiones», expresó la Cadam.
La medida de eliminar las tasas en las facturas fue respaldada por asociaciones de consumidores de todo el país.
El presidente de la ONG Lógica, Matías Olivero Vila, consideró que la situación era «inconstitucional» porque atentaba contra el artículo 42 de la Constitución Nacional, que refiere a la libre elección del consumidor.
«La gente no tiene la opción de no pagar la tasa que no tiene nada que ver con el servicio y si o si la tiene que pagar porque sino se le corta la luz», manifestó Olivero Vila.
Esta medida gubernamental se complementará con el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, incluido dentro del paquete fiscal de la Ley Bases aprobada en el Congreso.
Mediante la misma, a partir del próximo 1 de enero, los comerciantes estarán obligados a incluir en tickets, facturas y comprobantes el detalle desglosado de los impuestos que paga el consumidor como el IVA, como ya ocurre en algunos productos como los pasajes aéreos y en países como Brasil.
Del mismo modo, mediante la Resolución 259/2024 de la Secretaría de Energía, se exigió que las estaciones de servicio informen de los cargos extras que aplican los municipios de los combustibles en sus surtidores.