La Constitución bonaerense dispone que corresponde al Poder Legislativo establecer los impuestos necesarios para el normal funcionamiento del Estado. El 28 de diciembre pasado, en ambas Cámaras se aprobó por amplia mayoría la Ley Impositiva 2024, que estableció las pautas de emisión de los impuestos patrimoniales: inmobiliario urbano, edificado y baldío; inmobiliario rural; automotores y embarcaciones.
En relación al impuesto inmobiliario rural, la Ley Impositiva estableció en su Artículo 10 una escala de topes (progresivos) para definir los incrementos a emitir este año en relación al año pasado.
Según el valor de la base imponible sobre la que paga el impuesto cada propiedad, se definieron topes de: 140% (112.117 partidas; 37,28% del total), 180% (46432 partidas; 15,44%), 190% (60.874 partidas; 20,24%) y 200% (79.162 partidas; 26,32%), quedando por fuera de esos topes aquellas propiedades con una base imponible superior a $198.940.000 para el valor de las tierras.
En la Provincia existen 300.723 partidas rurales, y solo 2.138, un 0,71% del total, tienen una valuación superior a los $198.940.000 de base imponible, que guarda una relación con los precios de mercado de 1 a 20, en promedio.
“Es para ese reducido y exclusivo grupo de partidas, con un valor de mercado superior a los US$ 3.000.000, que la ley impositiva estableció que no aplicaría ningún tope”, explicaron desde el Gobierno.
En febrero se registró una inflación mensual de 13,2%, ubicándose la inflación interanual en +276,2%, por lo que más del 99% de los propietarios rurales recibió este año incrementos por debajo de la inflación en su impuesto inmobiliario rural.
Al respecto, en el Poder Ejecutivo bonaerense interpretan que “Kicillof está bajando el impuesto rural, no aumentándolo” y remarcan que “resulta evidente es que no hubo ningún impuestazo en la Provincia”.
Además, recuerdan que el impuesto inmobiliario rural, en promedio, “viene bajando, en términos reales, durante la gestión de Kicillof: en 2023 fue un -18,5% menor que en 2019, último año de la gestión de Vidal. En base a la ley impositiva 2024, este año se ubicará en niveles similares (un -16,3% debajo de 2019)”.
En el Gobierno a la vez señalan que “la reducción impositiva al campo se llevó a cabo de forma tal que la carga resultara mejor distribuida entre los propietarios, de un modo más acorde a la real capacidad contributiva de cada cual”.
“Hoy la mitad de las partidas de menor valuación pagan un -86,6% menos que en 2019, en términos reales. Para las partidas entre el 50% y el 90% de mayor valuación, la reducción en el impuesto, en términos reales, fue de -15,2%. El 10% de los propietarios de los campos de mayor valuación pagan, en promedio, un -10,6% menos que en 2019, siempre en términos reales”, grafican.
Por la sequía registrada en 2023, el gobernador decretó la emergencia agropecuaria y otorgó beneficios impositivos a 25.222 partidas rurales, por unos $4.200 millones.
Para el impuesto inmobiliario urbano edificado, la ley estableció incrementos con una escala progresiva de topes, llegando el máximo a 200%, salvo para los tramos de mayor valuación fiscal, por lo que más del 99,9% de las propiedades recibió un incremento por debajo de la inflación.
Asimismo, comparando 2023 con 2019, en promedio, el impuesto inmobiliario urbano edificado se redujo en un -11%. La mitad de las propiedades de menor valuación pagó un -61,4% menos que en 2019. Aquellas entre el 50% y el 90% de mayor valuación pagaron un -23,8% menos. Y las 10% de mayor valuación pagaron un 2% más que en 2019. Se redujo la carga sobre el conjunto, pero distribuyendo mejor el peso según la capacidad contributiva de cada propietario.
