La diputada bonaerense de Unión por la Patria (UxP) Maite Alvado, en conjunto con el Consejo Nacional Armenio, presentó un proyecto de Ley para capacitar en las temáticas de derechos humanos, genocidios, negacionismo y discursos de odio, de manera obligatoria, a todas las personas que se desempeñen en la función pública provincial.
De aprobarse la iniciativa, que ingresó en las últimas horas por la Cámara baja bonaerense, las organizaciones de derechos humanos serán participes activas y colaboradoras en la implementación de la norma.
La propuesta parlamentaria se presentó en el marco del repudio que generó el acto negacionista de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar organizado antes de ayer en la Legislatura porteña por la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA) Victoria Villarruel.
El proyecto, al que tuvo acceso Télam, busca establecer «la capacitación obligatoria en las temáticas de derechos humanos, genocidios, negacionismo y discursos de odio para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías».
Esto regiría para empleados permanentes o transitorios, «ya sea por cargo electivo, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, tanto a nivel provincial como municipal, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autárquicos respectivos y los entes de derecho públicos no estatales, sean rentados o no sus respectivos cargos».
«Con el fin de promover el respeto a los derechos humanos, prevenir actos discriminatorios, fomentar una sociedad inclusiva y tolerante y promover la paz social, este proyecto de ley busca que las personas que trabajan en el Estado, en cualquiera de sus niveles o jerarquías, se capaciten y formen para evitar la proliferación de discursos de odio o negacionistas por parte del mismo Estado», indicó la legisladora en un comunicado.
Alvado y Aram Mouratian, presidente del Consejo Nacional Armenio, aseguraron que «para garantizar una gestión estatal basada en la justicia, el respeto de los derechos humanos y la prevención de futuros abusos, es fundamental una administración pública formada, consciente, activa y comprometida con la protección de los derechos fundamentales, la memoria histórica y la construcción de una sociedad más justa y equitativa».
En el proyecto, que contempla sanciones ante el incumplimiento de la capacitación, se indica que «la formación otorgará puntaje en los casos que fije la reglamentación y será requisito obligatorio para la promoción a niveles superiores por concurso o progresión en el desempeño de la función pública».
