Diputados aprobó el proyecto que regula la tenencia de armas y debate ahora la ley antimafias

La Cámara de Diputados aprobó esta noche el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que regula la tenencia de armas y prevé una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria, en tanto que inició el debate de la denominada legislación ‘antimafias’.
Para los proyectos referidos a las armas de fuego, el oficialismo y la oposición dialoguista sumaron 142 votos, en tanto que Unión por la Patria reunió 89 y se registró una abstención.
El primero de los textos plantea un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional para aquellas personas humanas o jurídicas que posean armas de fuego de uso civil o de uso civil condicional o sus repuestos principales, que no se encuentren registrados de conformidad con la normativa vigente.
Prevé un plazo de 360 días, y quien posea armas no autorizadas deberá presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo que a su vez deberá realizar una intensa campaña de difusión a los efectos de informar sobre la ley.
Además, se prorroga desde el 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, donde se establece que la entrega será, además de voluntaria y anónima, a «cambio de un incentivo».
En el debate, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), señaló: «Tener un arma es legítimo hace 50 años en Argentina, pero para ser legitimo usuario hay que cumplir requisitos físicos, psicológicos, informar el arma, que no esté buscada por una cuestión delictiva y que el usuario no tenga causas penales».
Por su parte, el diputqdo Martín Soria, de Unión por la Patria, advirtió: «En Argentina se producen ocho muertes por día a causa de armas de fuego. Uno de cada cuatro femicidios son cometidos con armas de fuego. Es en este contexto que resulta una obligación y un deber que el Estado nacional, a través de los poderes, profundicen las políticas tendientes a eliminar la circulación de armas de barrios».
Tras la aprobación de estos proyectos, la Cámara se aprestaba a aprobar y a girar al Senado el proyecto de ley que busca luchar contra el crimen organizado, con el respaldo del oficialismo y de los bloques dialoguistas.
El proyecto forma parte de un paquete de normas para combatir el delito enviados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entre los que figuran además la baja de la edad de imputabilidad en el cual aún no hay acuerdo.
Las reformas del Código Penal propuestas en el proyecto sobre Crimen Organizado se aplicarán en delitos que involucren el narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de órganos, tenencia ilegal de armas y explosivos.
La iniciativa contempla una pena de 8 a 20 años de prisión o reclusión, por la mera pertenencia a la asociación ilícita que cometa ese delito y se establece que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho, también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella.
Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.
La pena máxima que le corresponde al autor se podrá aplicar a cualquier miembro de la organización que «se valiera de la violencia física o de amenazas para el cumplimiento de sus fines»; o si los hechos se produjeran de manera «reiterada y ostensible en beneficio de la organización».
Además, se aplicará si los delitos se produjeran para a «para amedrentar a la población en general o a ciertos sectores de la población, o para intimidar a las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales, o a las fuerzas armadas, fuerzas policiales y de seguridad».
También crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.
En el inicio del debate, el diputado de La Libertad Avanza, Carlos D’Alessandro, señaló: «En esta Cámara, la Libertad Avanza y los diputados que nos apoyan estamos trabajando para que los argentinos vuelvan a vivir a libertad. Vamos a promulgar una ley antimafias, porque en este Gobierno el que las hace las paga».
Por su parte, desde la Izquierda, Christian castillo, argumentó el voto en contra: «Acá se está votando algo muy complicado. Esta ley autoriza que se persiga a gente que no está involucrada en el delito, pero que participa de una misma organización con alguien que cometió un delito”.