Legisladores nacionales, provinciales y funcionarios del gobierno criticaron el proyecto de ley que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió al Senado para derogar la Ley N° 15.008, sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal, y establecer un nuevo marco normativo que busca restituir y ampliar los derechos de los jubiladas y pensionadas del Banco Provincia.
Se prevé que esa iniciativa podría ser tratada en la sesión que la Cámara alta bonaerense llevará a cabo mañana.
Entre los puntos más destacados de la iniciativa, se plantea la restitución del 82% móvil para el cálculo de los haberes jubilatorios del Banco Provincia (la ley de Vidal preveía el cálculo al 70%), establecer las pensiones al 75% (la norma de la exmandataria provincial indicaba hacerlo al 70%) y definir la edad jubilatoria en 65 años para los varones y de 60 para las mujeres (la norma anterior disponía que la edad para jubilarse sería de 65, sin distinción).
El subsecretario de Integración Socio-Urbana y presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, afirmó que el gobernador Kicillof «es el mayor degenerado fiscal en la historia de la provincia» porque «quiere restablecer por ley el 82% móvil en las jubilaciones del Banco Provincia».
«Lo intentó en 2022 y no pudo porque le dieron la espalda en la Cámara de Diputados. Ahora vuelve a insistir, pero a través del Senado. Desde LLA no vamos a ser nunca partícipes de este tipo de locuras», continuó y cerró: «Me pregunto si este irresponsable recuerda cuando su líder política, Cristina Férnandez de Kirchner, vetó el 82% móvil en 2010. Mañana quedará claro quiénes son los cómplices del gobernador».
El senador libertario Carlos Curestis afirmó: «Axel Kicillof envió un proyecto a la Legislatura para que vuelvan las jubilaciones de privilegio al BAPRO. Sí, que unos pocos cobren millones financiado con más déficit fiscal, mientras el 60% de los bonaerenses son pobres. Desde ya, desde LLA no lo vamos a permitir».
«Espero que quienes consiguieron sus bancas en nombre del cambio y la libertad no sean cómplices de esta maniobra que busca llevarnos al pasado, donde un grupo minúsculo tiene privilegios por sobre otros que sufren la voracidad de la casta. Por mandato del Presidente Javier Milei vinimos a terminar con esto», completó.
En igual tono se pronunció la diputada de La Libertad Avanza Florencia Retamoso, quien destacó que esa bancada «no será cómplice del despilfarro y del financiamiento a la militancia que propone, una vez más, el gobernador Kicillof».
En tanto, el senador del PRO Alex Campbell rememoró que en «en 2017 con María Eugenia Vidal eliminamos los privilegios jubilatorios del BAPRO. Hoy, Kicillof y senadores que fueron votados para llevar adelante un cambio, buscan restaurarlos. ¿Privilegios en una provincia con 8 de cada 10 chicos pobres? En 2025, defendamos el verdadero cambio. ¡Basta de privilegios!».
A la vez, el presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados nacional, Cristian Ritondo, expuso que la Ley 15.008 «eliminó las jubilaciones de privilegio para los empleados del Banco Provincia», rememoró que por entonces la caja del sistema jubilatorio del BAPRO «tenía un déficit del 50,8%» y se logró reduciarla al 23,7%.
«Hoy, el gobernador Kicillof, con la ayuda de algunos senadores bonaerenses que entraron defendiendo el cambio desde La Libertad Avanza, quiere dar marcha atrás con esta medida y devolverle los privilegios a unos pocos», razonó y se preguntó: «¿Qué tan urgentes son las jubilaciones de privilegio en una provincia en la que casi 8 de cada 10 chicos son pobres? ¿Qué tan urgentes son las jubilaciones de privilegio en una provincia en la que los vecinos no se animan a salir a la calle por miedo a que los maten?».

La reforma cuestionada
En diciembre de 2017, en el gobierno de Vidal, la Legislatura provincial sancionó una ley que modificaba el régimen de jubilación para los empleados de la entidad, elevando la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años, igualándola con la de los hombres.
Además, se implementó un cambio en el cálculo del haber jubilatorio, basándose en el promedio de los últimos diez años de salarios, en lugar de utilizar el último sueldo percibido. Este ajuste fue argumentado por el Ejecutivo como necesario para reducir el déficit de la caja previsional del Banco Provincia, que según el gobierno estaba generando una carga insostenible para las arcas de la provincia.
Sin embargo, la norma recibió una fuerte resistencia por parte de la oposición, sindicatos y empleados del Banco, que consideraron la medida como una amenaza a sus derechos adquiridos y una pérdida en sus condiciones laborales.
De hecho, el gremio La Asociación Bancaria, impulsó paros y movilizaciones en rechazo a la reforma, mientras que los legisladores de la oposición criticaron en duros términos las modificaciones.
En enero de 2018, la tensión llegó a su pico máximo, cuando el intendente de Ensenada, Mario Secco, protagonizó un polémico episodio al irrumpir en el recinto de sesiones mientras se debatía el proyecto, rodeado de manifestantes. Allí, expresó su desacuerdo con la reforma, por lo que luego fue acusado de incitación a la violencia.
A partir de la modificación al sistema jubilatorio, se impulsaron numerosos reclamos judiciales desde asociaciones de jubilados y trabajadores bancarios, quienes cuestionaron la constitucionalidad de la Ley N° 15.008. De hecho, más de dos mil personas obtuvieron medidas cautelares que paralizan la aplicación de varios de los puntos clave de la normativa.
Así, en 2021, la Suprema Corte bonaerense falló en contra de la reforma impulsada por Vidal, al considerar que había violado los derechos adquiridos de los trabajadores y le pidió a la dirigencia una solución política.

La nueva propuesta
La propuesta del Ejecutivo bonaerense fue elaborada en una mesa de diálogo convocada por el máximo tribunal, donde participaron la Asociación Bancaria, el Banco Provincia y organizaciones de jubilados.
El objetivo central fue lograr un acuerdo que garantizara la sostenibilidad financiera de la Caja de Jubilaciones del Banco, a la vez que se restituyeran los derechos vulnerados.
Entre las modificaciones incluidas en el proyecto, se destaca la ampliación de los aportes tanto de los afiliados activos y pasivos como del propio Banco Provincia. Las contribuciones obligatorias de la entidad bancaria alcanzarán el 21%, mientras que el aporte personal para los ingresantes será del 19%. Además, la iniciativa prevé la creación de una contribución adicional del Banco y una partida presupuestaria de la Provincia para asegurar la cobertura del déficit de la Caja.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es el restablecimiento de la edad jubilatoria para las mujeres a los 60 años, como un acto reparatorio que toma en cuenta la mayor carga de trabajo no remunerado que históricamente recae sobre las mujeres.
Asimismo, se incluye una tasa de sustitución del 82% para el cálculo del haber inicial, una movilidad jubilatoria atada a los salarios de los empleados del Banco, y una pensión del 75%, entre otros derechos restituidos.
La propuesta pretende equilibrar la restitución de derechos con la sostenibilidad financiera de la Caja de Jubilaciones, garantizando a largo plazo la cobertura de las prestaciones para los jubilados actuales y futuros del Banco Provincia.