D’Onofrio y Cantero manifestaron la necesidad de avanzar en la ley antibarrabravas

El presidente de Ríver Plate, Rodolfo D’Onofrio, y el ex titular del club Independiente Javier Cantero coincidieron hoy en la necesidad de que el Congreso avance con el proyecto que aumenta las penas contra los barrabravas, en el marco de un plenario de comisiones de la Cámara baja donde se discute el texto, aprobado en general el 18 de diciembre de 2018, pero que volvió a comisión ante la falta de acuerdos en el análisis artículo por artículo de la iniciativa.
«Por favor, pónganse de acuerdo y saquen una ley. Necesitamos que se actúe para poder terminar con ésto», pidió D’Onofrio ante el plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Deportes de la Cámara baja, donde calificó de «interesante» el proyecto, y puso de relieve la importancia de que el Congreso avance en una iniciativa para intentar resolver la violencia en el fútbol.
Tras insistir que «le planteamos esto a todos los gobiernos», el presidente de club de Núñez aseguró: «Hemos planteado ir a fondo, con cuidado. Pero con cuidado no es negociando con estos tipos, sino pidiéndole al Estado que nos acompañe porque esta pelea solos no la podemos dar. Por favor pónganse de acuerdo y saquen una ley».
«Que el Poder Ejecutivo esté encarando el tema de Tribunas Seguras hace que diga ‘gracias’, porque nosotros tenemos la obligación de dar esta pelea, pero solos no podemos», aseveró el presidente del club de Núñez, quien dijo haber pedido a la dirigencia política: «Sean vivos; la mejor propaganda que pueden tener es terminar con la violencia del fútbol».
Por su parte, Cantero, autor del libro «Contra El Sistema: El Lado Oscuro Del Fútbol», advirtió que «los gobiernos, los jueces, los fiscales y los policías son socios de las barras, por eso cuesta extinguir y resolver este problema», y, si bien dijo que «la solución va a llevar tiempo y no se va a resolver de un día para el otro», confió que la violencia en el fútbol «se va a solucionar».
Relató, en ese sentido, su experiencia al frente de Independiente, que presidió desde 2011 hasta abril de 2014, al señalar que la violencia de los barrabravas está relacionada «con la política», y recordó que cuando compitió para presidir el club de Avellaneda, la comisión directiva «estaba compuesta por senadores, diputados, intendentes y tenía más poder que nosotros», al recordar que en esa nómina figuraba el ex secretario de Obras Públicas kirchnerista, José López.
Según reveló Cantero, durante su gestión sufrió «aprietes» por parte de un juez federal, que le propuso, según dijo, «ayudarlo» para que contrate una persona especializada para ser manager del club, y que padeció el cobro de mayor seguridad para que después, en los partidos, los efectivos policiales fueran menos a los requeridos.
El primero en exponer fue el ex ministro de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires Diego Gorgal, quien sostuvo que los barrabravas «se transformaron en empresas criminales, y ha dejado de ser el fenómeno que tradicionalmente han tenido», y destacó la importancia de «reducir las oportunidades de negocios» de esas organizaciones al advertir que la cuestión «no se limita a la reventa de entradas».
Luego, Mónica Lizardo, fundadora junto al ex juez Mariano Bergés, de la Asociación Civil Salvemos al Futbol, consideró que «hay legislación en la materia y es suficiente», y sostuvo que el proyecto «no promueve ninguna política: se trata sólo de un instrumento represivo y no hay normativa para prevenir, repite artículos textuales de otros textos penales», a la vez que criticó a la conducción de la AFA al señalar que «el sistema grondoniano del fútbol sigue vigente».
La massista Carla Pitiot manifestó que «si queremos tener realmente una nueva ley, que realmente tengamos ese compromiso con esta normativa», y explicó que «tiene que haber una nueva ley» que «desaliente las prácticas delictivas y conductas mafiosas», al señalar que se trata de «un negocio para muy pocos».
Al cerrar el debate, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR-Jujuy), destacó la necesidad de avanzar en el dictamen al advertir que «no podemos seguir esperando», y aseguró que «este gobierno sí quiere avanzar en ese tema, por eso estamos desde 2016 con este proyecto», pero insistió «tenemos nosotros la obligación de dar una respuesta lo antes posible y saca cuestiones personales, no es la solución definitiva pero es una herramienta necesaria».