Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo le solicitaron al juez Claudio Bonadio el procesamiento de más empresarios, para que sean considerados organizadores de la asociación ilícita, que según la acusación encabezaba la ex Presidenta.
El fiscal Carlos Stornelli le solicitó al juez Claudio Bonadio que incluya «913 hechos vinculados a dádivas», en la acusación a la ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner por supuestas coimas en la obra pública, al apelar los 42 procesamientos en la denominada «causa de los cuadernos».
En su presentación, los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo argumentaron los motivos de la apelación discrepando con la calificación jurídica adoptada por el juzgado respecto de varios imputados, como también por la falta de mérito para procesar o sobreseer dictada en cuanto a otros de los involucrados, y la no imposición de la prisión preventiva en algunos supuestos.
Los fiscales pidieron además el procesamiento de más empresarios, para que sean considerados organizadores de la asociación ilícita, que según la acusación encabezaba la ex Presidenta.
Incluyen en tal sentido al financista Ernesto Clarens, al ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner; al vicepresidente de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra y al ex secretario de Obras Públicas, José López.
Los mencionados, según señalaron los fiscales, deben tener la misma acusación que pesa sobre el ex ministro de Planificación, Julio de Vido y su mano derecha Roberto Baratta.
Expresaron en tal sentido que «realizaron mayores aportes a la obra delictual, los que resultaron ser elementales y más relevantes con relación a los cometidos por los demás miembros».
Respecto de la ex Jefa de Estado, los fiscales Stornelli y Rívolo dicen que deberá responder «en orden a los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefa, en concurso real con cohecho pasivo, reiterado en novecientos trece (913) oportunidades».
En la presentación los fiscales solicitaron también la detención de los empresarios que están procesados en la causa: Hugo Antranik Eurnekian, Alberto Dragonetti, Manuel Santos Uribelarrea, Alejandro Ivanissevich, Banjamín Romero, Jorge Balan y Enrique Pescarmona.
Fundamentaron su inclusión en las «prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial, ideadas, planificadas y perpetradas desde las altas esferas del poder público».