El el exjuez Carzoglio aseguró que apelará la decisión de destituirlo del cargo

El exjuez de Garantías N°9 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, Luis Carzoglio, destituido e inhabilitado ayer por un jurado de enjuiciamiento, cuestionó hoy el procedimiento llevado adelante en su contra y aseveró que apelará la decisión «ante la Suprema Corte bonaerense para que se revierta este fallo».
«Voy a seguir dando batalla en defensa de mi dignidad como argentino y como profesional desde mi lugar, contando lo que pasó en mi jury», expuso el exmagistrado en declaraciones a AM 530.
Carzoglio había sido suspendido en sus funciones en el año 2018 tras negarse a cumplir con un pedido de detención contra Hugo y Pablo Moyano por supuesta administración fraudulenta en el Club Atlético Independiente, y luego que agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) le dieran directivas para que procediera en ese sentido.
A fines de ese año, Carzoglio resultó apartado preventivamente de su cargo y a partir de allí sólo cobraba una porción de su salario a la espera de la resolución del jury, al cual llegó acusado de interferir sin jurisdicción en la elección de Colegio de Abogados de Lanús-Avellaneda; falsificar documentos públicos; realizar coacción y abuso de autoridad sobre sus empleados; y arrogarse competencia en causas ajenas, entre otras acusaciones.
«El jury comenzó en 2015, con imputaciones de los años 2010 a 2013 que respondían a un enfrentamiento que yo tuve con una fiscalía de Avellaneda, que no actuaba correctamente en su relación con la policía. Yo anulé un procedimiento y comencé a tener problemas con la UFI 4 de Avellaneda», describió Carzoglio.
Rememoró que «todo eso estaba paralizado, hasta 2018, cuando me negué a dictar una orden de detención contra Pablo Moyano» y agregó que, en ese momento, él denunció «manejos un poco irregulares en la Procuración General bonaerense y la visita que recibí de agentes de la AFI para ‘convencerme’ de la necesidad de detener a Moyano».
Sostuvo que tras su rechazo a concretar esa detención «en un mes, reactivaron el jury en octubre y en diciembre, se me separó de mis funciones».
«En síntesis, el objetivo era que si no detenía a Moyano, iba a tener un jury como el que ayer terminó y ayer me destituyeron», analizó.
En la entrevista, el exjuez afirmó hoy que existieron «maniobras» por parte del procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, «que entorpecieron el desarrollo del proceso».
En ese sentido, dijo que «el acusador, el procurador, nos trató con soberbia y falta de respeto. Se afectaron las garantías del debido proceso y derecho de defensa en juicio».
Tras la declaración de 85 testigos la semana pasada -55 de los cuales fueron propuestos por la defensa del magistrado, encabezada por el abogado Diego Raidán-, el jurado definió ayer la destitución e inhabilitación del magistrado.
La decisión adoptada en los tribunales de la ciudad de La Plata, fue leída por el Secretario de la Comisión Permanente, Ulises Giménez, tras el voto unánime del jurado integrado por la jueza Hilda Kogan; los abogados Graciela Beatriz Amione doctores, Pedro Jorge Arbini Trujillo, Jorge Pablo Martínez, Pablo Esteban Perrino y Juan Emilio Spinelli.
También, votaron los legisladores de Juntos por el Cambio Santiago Passaglia y Érica Revilla; y de Espacio Abierot, Walter Héctor Carusso.
En tanto, Débora Galán y Maite Alvado, del Frente de Todos (FdT), no estuvieron presentes.
Desde 2018 Carzoglio denunciaba que durante el gobierno de Mauricio Macri, y tras rechazar el pedido de detención que el fiscal Sebastián Scalera pidió para Pablo Moyano, dos agentes jerárquicos de la AFI, Rubén Di Pasquale y Juan Sebastián De Stéfano, le pidieron la detención de los sindicalistas e, incluso, le entregaron un borrador de la resolución que debía firmar.
Tras esa negativa, Carzoglio fue denunciado por el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, por presuntas irregularidades en el desempeño de su función, como amparos sin sorteos, órdenes de allanamientos sin fecha y haber resuelto beneficios a presos de expedientes ajenos.
También, por «formular expresiones indecorosas y agresivas» contra una agente fiscal, por «maltrato» al personal de su juzgado y por irregularidades al ordenar el allanamiento del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús.
Así, primero se lo apartó en forma preventiva por 90 días y luego se resolvió directamente suspenderlo y ayer fue destituido e inhabilitado para ejercer el cargo.