El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), al habilitar la venta parcial o total de las acciones estatales en la empresa. Lo hizo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y los ministros del Gabinete nacional.
La medida modifica el marco regulatorio vigente para los servicios de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con el objetivo de facilitar el ingreso de capital privado a la compañía. Entre otras cuestiones, se eliminó la prohibición de transferir acciones que regía desde 2006 y se actualizaron más de 100 artículos vinculados a las funciones de la concesionaria.
“El régimen actual fue diseñado para una empresa estatal, lo cual dificulta su adaptación a un modelo de gestión basado en eficiencia e inversión”, señala el decreto, que plantea como indispensable “la adopción de medidas urgentes” en un contexto de “grave crisis económica” y de “deterioro operativo y financiero” en AySA.
Desde 2006 hasta 2023, el Tesoro Nacional transfirió a la empresa más de 13.400 millones de dólares. Según el texto oficial, esos fondos no lograron evitar el aumento de los costos operativos ni la caída de la productividad.
El proceso de privatización de AySA fue anunciado oficialmente el viernes pasado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien estimó que la operación podría representar ingresos por unos 500 millones de dólares. La intención del Ejecutivo es licitar un contrato de concesión que contemple la transferencia de al menos el 51% del capital accionario, mientras que el resto podría ser adquirido por el nuevo operador o cotizar en Bolsa.
La empresa figura entre las ocho compañías sujetas a privatización, según lo establecido por la Ley Bases aprobada en julio de 2024. La norma también incluye a Enarsa, Intercargo, Trenes Argentinos, Corredores Viales, Belgrano Cargas, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
El DNU será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, encargada de evaluar su validez en un plazo de diez días hábiles.