El Gobierno de la provincia de Buenos Aires reconoció el carácter de insalubres, a los fines previsionales, de las tareas que desarrollan los trabajadores que prestan servicios en el sector Prefabricado (Platos), dependiente del Ente Administrador Astillero Río Santiago, de la localidad de Ensenada. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 1263/2026, firmado por el gobernador Axel Kicillof y publicado este lunes en el Boletín Oficial bonaerense.
La norma toma como base la Resolución 1243 de la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Trabajo provincial, del 19 de mayo de 2025, que había declarado insalubres las tareas realizadas en ese sector del astillero. El decreto reconoce ahora esas tareas a los fines previstos en el artículo 1° del Decreto 430/81, que regula el régimen de servicios diferenciales para actividades insalubres.
Según el artículo 26 del Decreto-Ley 9650/80, el Poder Ejecutivo provincial está facultado para establecer límites de edad y de servicios diferenciales en el caso de tareas insalubres, consideradas determinantes de vejez o agotamiento prematuro. En ese marco, el Decreto 430/81 establece que los afiliados que desempeñen habitualmente tareas reconocidas como insalubres tendrán derecho a la jubilación ordinaria con 50 años de edad y 25 años de servicios, en lugar de los requisitos generales del régimen previsional.
Antes de su firma, el expediente contó con la intervención de la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Dirección de Dictámenes y la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal, las tres del Ministerio de Trabajo, además del Instituto de Previsión Social y la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica de la Secretaría General. También se expidieron favorablemente la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado.
El decreto fue refrendado por el ministro de Trabajo, Walter Correa, y por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Entre las disposiciones finales, se ordenó notificar a la Fiscalía de Estado, comunicar al Instituto de Previsión Social y dar intervención al Sistema de Notificaciones y Documentación Digital del Ministerio de Trabajo (SINDMA).