El Gobierno comenzó con su esquema de privatización de rutas nacionales, a través del Decreto 28/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, con el cual el Poder Ejecutivo estableció que ciertos tramos y rutas que integran la Red Vial Nacional sean licitados dentro del plazo de un año.
El decreto se centra en la gestión del Corredor Vial Nacional N° 18, una traza que conecta las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, incluyendo pasos fronterizos clave hacia Uruguay y Brasil.
Ese corredor, que abarca más de 676 kilómetros, es considerado esencial para la integración regional y la operatividad del MERCOSUR, ya que vincula tres de sus cuatro países miembros.
Se busca, según se indicó en el texto, «garantizar la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario».
A la vez, se pretende lograr «la reducción del sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto, equilibrar las cuentas públicas; y asegurar el efectivo control interno de la administración pública nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas».
La medida establece la delegación de tareas de conservación y mantenimiento del corredor al sector privado. Esa decisión abarca tramos específicos de la Ruta Nacional N° 12 y el Puente Internacional Agustín P. Justo, con el propósito de garantizar la continuidad operativa y la seguridad vial sin incrementar el gasto estatal.
El decreto también subraya la importancia de mejorar la infraestructura y la seguridad del corredor, reforzando su rol en el comercio y la conectividad internacional. Ello incluye el mantenimiento de pasos fronterizos como el Puente Internacional General Artigas, el acceso a la Represa Binacional Salto Grande y el Puente Internacional Paso de los Libres.
El Corredor Vial 18, además de unir importantes localidades argentinas, desempeña un papel estratégico en la economía regional al facilitar el comercio internacional y conectar nodos productivos. La decisión de incluir tramos adicionales, como la Ruta Nacional N° 12 hasta Gualeguay (Entre Ríos), busca potenciar aún más su impacto en el desarrollo local y regional.
Meses atrás, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había advertido la decisión del Ejecutivo de privatizar las rutas nacionales y destacó que antes eran operadas de forma “deficitaria e implicaban una perdida de dinero del presupuesto que se financia de los contribuyentes” y consideró: “El resultado está a la vista en cómo están”.
“Esto rompe con una participación monopólica y se habilita la participación de cualquier empresa que cumpla con los requerimientos. De esta forma, el sector privado va a encontrar mejores mecanismos sin la intervención de la Ley de Obra Pública», dijo.