El Gobierno nacional aprobó un régimen para la conservación, administración y disposición de bienes recuperados en procesos penales vinculados a actividades ilícitas, con el objetivo de asegurar su trazabilidad y destinarlos a políticas públicas, y dispuso cambios en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que será el “órgano rector” de la gestión de los inmuebles del Estado.
La medida, establecida en el Decreto 575/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, incluye la creación del Consejo de Bienes Recuperados en favor del Estado Nacional, que tendrá a su cargo la supervisión, evaluación y coordinación interinstitucional, así como la asignación de recursos y el seguimiento de estos activos.
Según la norma firmada por el presidente Javier Milei y su gabinete, la AABE concentrará la administración de los bienes inmuebles del Estado nacional, salvo aquellos provenientes de actividades ilícitas y cautelados por el Ministerio de Justicia, aunque mantendrá competencia exclusiva en su enajenación o concesión para explotación comercial.
El decreto redefine la estructura de recursos de la agencia, que se financiará con partidas del Presupuesto Nacional, donaciones, aportes no reembolsables, legados, intereses generados por la gestión de fondos y activos, así como aranceles y tasas por servicios técnicos y administrativos, con un tope del 5% del valor del bien.
La norma instruye a la AABE y al Ministerio de Justicia a formalizar convenios para la cesión de la administración y custodia de los bienes cautelados y recuperados, y a presentar en un plazo de 60 días un relevamiento detallado de estos activos. El Gobierno señaló que la iniciativa busca un sistema “unificado, ágil y eficiente” para la gestión y aprovechamiento de bienes vinculados a delitos, en un contexto de “grave déficit de las cuentas públicas” que procura revertirse desde diciembre de 2023.