El Gobierno nacional oficializó este miércoles la eliminación de la participación directa del Estado en las negociaciones salariales docentes a nivel federal.
A través del decreto 341/2025, publicado en el Boletín Oficial, se dispuso que el Consejo Federal de Educación y los gremios con representación nacional serán los únicos actores habilitados para acordar condiciones laborales, salario mínimo, calendario escolar y carrera docente.
La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano ya no integrará la mesa paritaria y solo intervendrá al momento de validar presupuestariamente los convenios alcanzados.
En caso de objeciones fiscales, podrá rechazar los acuerdos y requerir una nueva propuesta.
La medida implica un cambio en el rol histórico del Estado nacional en el sistema educativo y se apoya en la descentralización de los servicios educativos en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consideradas las empleadoras naturales de los y las docentes.
El nuevo esquema busca, según el texto oficial, “optimizar la eficiencia del gasto público” y reforzar el carácter federal del sistema educativo, al tiempo que reduce la intervención de la administración central en funciones consideradas “impropias”.
Desde ahora, los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones, reunidos en el Consejo Federal, serán quienes negocien directamente con las organizaciones sindicales del sector. La Secretaría de Educación solo podrá actuar en una etapa posterior, evaluando el impacto fiscal de los convenios.
El decreto mantiene vigente el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, que permite asistir financieramente a aquellas provincias que no alcancen, por sus propios medios, el salario mínimo establecido. No obstante, su aplicación quedará sujeta a la aprobación de los acuerdos por parte de la cartera educativa nacional.
Con esta decisión, el Ejecutivo reemplaza el esquema creado en 2006 por la Ley de Financiamiento Educativo, que había establecido una mesa paritaria nacional integrada por el Ministerio de Educación, el Consejo Federal y los gremios, con el objetivo de definir un convenio marco común para todo el país.