El Gobierno nacional puso fin a la emergencia en la posesión y propiedad de las tierras ocupadas por comunidades indígenas originarias del país, con la publicación del Decreto 1083/2024 en el Boletín Oficial, lo que permite a la administración de Javier Milei avanzar en los desalojos.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y los ministros Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger deroga el Decreto 805/2021, que prorrogaba hasta noviembre de 2025 la suspensión de desalojos amparada por la Ley 26.160.
Esa normativa había declarado en 2006 la emergencia territorial indígena y suspendido acciones judiciales relacionadas con el desalojo de tierras ocupadas por comunidades reconocidas oficialmente.
Entre los argumentos, el Ejecutivo destacó que la prolongación de la medida, vigente durante 18 años, generó «inseguridad jurídica» y afectó derechos de «legítimos propietarios y poseedores».
Además, señaló que se hizo un “uso abusivo y discrecional” de los beneficios otorgados por la ley, permitiendo la inscripción de comunidades que, en algunos casos, no cumplían con los requisitos mínimos para ser reconocidas como indígenas autóctonas.
El decreto también subraya «que el conflicto por la toma y usurpación de tierras, en muchos casos ejerciendo violencia, ha llevado a que se vean amenazados o restringidos los derechos de los ciudadanos legitimados con respecto a la titularidad de la tierra y a la libre circulación, se han bloqueado el desarrollo de inversiones y las obras de infraestructura para el desarrollo de servicios públicos, e inclusive se ha vulnerado el derecho a la tierra de familias que pertenecen a los mismos pueblos originarios».