El Gobierno derogó 16 resoluciones y disposiciones vinculadas al comercio, la industria, las importaciones y los programas de consumo al considerar que habían perdido vigencia o sustento jurídico tras las reformas impulsadas por la actual gestión.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Coordinación de Producción, dependiente del Ministerio de Economía, y se enmarca en el proceso de desregulación promovido por el Ejecutivo nacional.
Según se explicó en la norma, las disposiciones eliminadas habían sido dictadas al amparo de marcos regulatorios que fueron modificados o derogados, entre ellos la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la ley que creó el Observatorio de Precios, por lo que «han perdido su objeto y aplicabilidad».
Entre las normas derogadas figuran resoluciones vinculadas al control de precios de determinados productos, requisitos de información para la comercialización de bienes, procedimientos de autorización para importaciones, programas de fomento al consumo y medidas relacionadas con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.
En los fundamentos de la decisión, el Gobierno sostuvo que «la proliferación normativa ha llevado a la superposición, desactualización y dispersión de normas», situación que genera incertidumbre sobre cuáles continúan vigentes. Además, afirmó que ello provoca «una inseguridad jurídica para los ciudadanos que restringe el libre desenvolvimiento de su vida».
La resolución también señala que resulta necesario avanzar en una revisión permanente de la normativa para que el Estado «se enfoque en normativas relevantes y prioritarias» y pueda brindar respuestas más rápidas y transparentes.
La medida se suma al proceso de simplificación regulatoria impulsado por el Gobierno y corre en paralelo al proyecto de Ley Hojarasca, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y propone la derogación de decenas de leyes consideradas por el oficialismo como obsoletas, anacrónicas o incompatibles con el actual marco normativo.