l Gobierno nacional eliminó la tasa anual que debían pagar los usuarios comerciales, colectivos, cinegéticos y las entidades de tiro para conservar sus autorizaciones vinculadas al uso de armas de fuego. La medida, que también extiende de uno a cinco años la vigencia de las inscripciones para fabricantes, talleres y otros rubros afines, fue dispuesta por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) mediante la Resolución 77/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
Según se detalla en la resolución, la decisión forma parte de un proceso de simplificación administrativa impulsado por el Poder Ejecutivo. En ese marco, la ANMAC revisó normativas de menor jerarquía que establecían actualizaciones frecuentes para distintos tipos de usuarios y resolvió unificar criterios para reducir la carga burocrática.
La eliminación de la tasa aplica a todos los usuarios mencionados, siempre que sus permisos no estén regulados por normas de jerarquía superior. A partir de ahora, sólo deberán notificar a la ANMAC si se produjeran cambios en los datos declarados originalmente —como modificaciones societarias, en órganos directivos o seguros— y tendrán 30 días para hacerlo. En caso de no haber modificaciones, no será necesario presentar documentación adicional.
Por otro lado, se amplía a cinco años la vigencia de inscripciones para determinados rubros comerciales, como fabricantes de armas de uso civil, productores de municiones, talleres de blindaje y verificación, entre otros.
Sin embargo, no todos los trámites están alcanzados por el nuevo régimen. La ANMAC aclaró que continúan vigentes las exigencias establecidas por el Decreto 395/75, que mantiene la renovación anual para importadores y para la autorización del transporte comercial de armas, al tratarse de normas con jerarquía superior.
La resolución, firmada por el director ejecutivo del organismo, Juan Pablo Allan, también habilita a las áreas competentes del organismo a adaptar formularios e instructivos para la implementación del nuevo esquema.
Desde el organismo remarcaron que muchas de las exigencias hoy eliminadas habían sido impuestas por normas internas del ex RENAR o de la propia ANMAC, sin respaldo en legislación superior. En ese sentido, destacaron que la superposición de disposiciones generó durante décadas un entramado normativo que ahora se busca ordenar y simplificar.
A pesar de la eliminación del pago y de la renovación documental anual, la ANMAC continuará fiscalizando a los usuarios y recordó que la omisión de notificar cambios sustanciales puede derivar en sanciones conforme al régimen vigente.