El Gobierno nacional y Aeropuertos Argentina cerraron un acuerdo para prolongar la concesión del servicio en los 35 aeropuertos que la empresa opera en todo el país. La medida quedó oficializada este lunes mediante la Decisión Administrativa 27/2026, publicada en el Boletín Oficial, que aprueba el Acta Acuerdo de Readecuación Contractual firmada el 1 de septiembre entre la compañía y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).
La norma lleva las firmas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Andrés Caputo. Es que, a través del Decreto 1074/26, el presidente Javier Milei se excusó de intervenir en todos los trámites vinculados con Aeropuertos Argentina 2000, su grupo controlante, sus accionistas o sociedades vinculadas, «por razones de decoro y delicadeza», incluido este proceso de readecuación del contrato.
La concesión, que originalmente finalizaba en 2038, se extenderá hasta el 13 de febrero de 2049, con la posibilidad de llegar hasta 2056. Como contrapartida, la compañía se compromete a una inversión directa adicional de USD 600 millones, IVA incluido, destinada al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza.
Esos siete años adicionales, pensados para amortizar las obras, están atados al cumplimiento de dos condiciones. La primera es que, antes del 30 de junio de 2027, la empresa acredite, mediante el informe de una de las principales auditoras a nivel mundial, que cuenta con los fondos necesarios para afrontar el plan de USD 600 millones. La segunda es que al menos el 75% de esas obras esté concluido antes del 31 de diciembre de 2031. Si no se cumplen, la concesión terminará en 2049, y será el ORSNA el encargado de verificarlo.
Según los considerandos, el impacto de la pandemia sobre la concesión fue severo: el tráfico internacional cayó 76% en 2020 y 86% en 2021 frente a 2019, mientras que el doméstico se redujo 77% y 62% en esos mismos años. Como consecuencia, los ingresos totales se desplomaron 60% entre 2019 y 2020, con una baja del 63% en los ingresos aeronáuticos, en un contexto de inflación del 36% en 2020 y del 50,9% en 2021.
Las partes coincidieron en que la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno de entonces generaron un desequilibrio real y extraordinario, que exigía un esfuerzo compartido para corregirlo. La renegociación se amparó en la Ley de Bases, que obliga a la Administración a garantizar el equilibrio económico-financiero de las concesiones y habilita a renegociarlas cuando ese equilibrio se altera por causas ajenas a las partes.
El informe técnico del ORSNA concluyó que ninguna modificación aislada de las variables del contrato alcanzaba para recomponer ese equilibrio, por lo que se optó por una solución integral que combina el plazo de la concesión, la tasa interna de retorno de referencia, las inversiones comprometidas y la estructura tarifaria. Esa tasa se fijó en 14,3%, con el objetivo de recomponer la ecuación económico-financiera del contrato, aunque sin que eso implique una rentabilidad garantizada para la empresa. Según el Gobierno, la solución busca repartir el esfuerzo entre el Estado y la concesionaria, sin trasladar íntegramente su impacto a los usuarios y preservando las inversiones necesarias para el sistema aeroportuario.
De acuerdo con la versión oficial, la concesionaria había pedido en un principio una extensión de 30 años, con opción a otros 10, lo que habría estirado el contrato hasta 2078. Sin embargo, los análisis técnicos, económicos y financieros del ORSNA acotaron ese plazo.
La negociación comenzó el 27 de diciembre de 2024 y se prorrogó en diciembre de 2025. En junio de este año, el directorio del ORSNA dejó sin efecto un instrumento que había sido firmado en septiembre de 2025 y dispuso continuar las conversaciones sobre nuevas bases, que derivaron en el acuerdo aprobado ahora. El Acta incluye además una nueva proyección financiera de ingresos y egresos hasta 2056, mecanismos de revisión periódica, nuevas metas de inversión y herramientas para prevenir y resolver controversias.
Además, el programa de inversiones no podrá acogerse a los beneficios del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).
Como parte del entendimiento, el Estado Nacional y la empresa, incluidos sus accionistas, desisten de los reclamos administrativos y judiciales mutuos por cuestiones anteriores al Acta Acuerdo o derivadas de los perjuicios de la pandemia. La única excepción, acotada y prevista de manera expresa, corresponde a ciertas revisiones de inversiones de períodos previos. De esta forma, el Gobierno busca reducir la litigiosidad, evitar posibles pasivos para el Estado y dar previsibilidad de largo plazo a la relación contractual.
El directorio de Aeropuertos Argentina 2000 aprobó el acuerdo por unanimidad, y también intervinieron la Secretaría de Transporte, la Sindicatura General de la Nación y la Procuración del Tesoro de la Nación. La norma rige desde el momento de su dictado, y el ORSNA quedó facultado para dictar las normas complementarias necesarias para su aplicación, sin alterar las condiciones sustanciales del acuerdo.