El Gobierno nacional intervino la empresa estatal Corredores Viales S.A. en el marco del proceso de privatización de la compañía encargada de gestionar rutas y autopistas del país.
La medida fue oficializada mediante el decreto 244/2025 y busca reorganizar sus cuentas tras registrar millonarias pérdidas y una elevada deuda con proveedores.
La intervención, por tiempo indefinido, estará a cargo de Anastasia María de los Ángeles Adem, quien tendrá amplias facultades para administrar la firma, auditar su estado financiero y presentar un plan de acción al Ministerio de Economía.
Desde el Ejecutivo indicaron que la reorganización apunta a mejorar la eficiencia del sistema vial y facilitar la participación del sector privado. El modelo prevé concesiones a empresas que financiarán obras a cambio del cobro de peajes.
La decisión había sido anticipada por el vocero presidencial Manuel Adorni en febrero, cuando advirtió sobre el déficit de la empresa y el deterioro de las rutas bajo su administración.