La Prefectura Naval Argentina (PNA) oficializó este martes la intimación a 536 trabajadores de los servicios de practicaje y pilotaje para que retomen de manera inmediata sus actividades, en medio del paro por tiempo indeterminado que mantiene paralizada la operatoria en los puertos y afecta a unos 140 buques.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante un edicto, luego de que los profesionales del sector iniciaran una medida de fuerza en rechazo al Decreto 690/2026, norma que modificó el régimen del servicio de practicaje y pilotaje. Los trabajadores anunciaron que no asistirán a embarcaciones argentinas ni extranjeras hasta que el Poder Ejecutivo suspenda o derogue esa regulación.
En el texto oficial, la Prefectura Naval Argentina notificó e intimó a los profesionales incluidos en el anexo de la disposición a ponerse de inmediato a disposición para cumplir «de manera regular y reglamentaria» las funciones previstas en el reglamento aprobado por el Decreto 690/2026, bajo apercibimiento de sanciones.
Además, el organismo recordó que actúa como autoridad con responsabilidad operativa y disciplinaria sobre la aplicación del Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para ríos, puertos, pasos y canales del país.
La intimación también advierte que el incumplimiento de la orden podrá dar lugar a sanciones disciplinarias y posibles denuncias penales. Para ello cita el artículo 190 del Código Penal, que prevé penas de dos a ocho años de prisión para quien ejecute actos que pongan en peligro la seguridad de una nave, y el artículo 194, que sanciona a quien impida o entorpezca el normal funcionamiento del transporte por agua.
El conflicto se originó tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, impulsado por el Gobierno nacional para reemplazar el régimen de practicaje vigente desde 1991. La normativa crea un registro abierto de profesionales administrado por la Prefectura, permite a los usuarios elegir libremente a sus prestadores, elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales y otorga a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la facultad de fijar tarifas máximas y exigir la publicación de los precios del servicio.
La regulación también elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos profesionales, amplía los casos en los que algunos buques quedan exceptuados de contratar el servicio e incorpora mecanismos destinados a garantizar la continuidad de la actividad ante situaciones excepcionales.
La medida de fuerza ya tiene impacto sobre el comercio exterior. Según datos difundidos por el Centro de Navegación, al menos 140 buques permanecen pendientes de confirmación del servicio de practicaje y pilotaje, mientras distintas operaciones portuarias permanecen demoradas por la falta de profesionales habilitados para realizar las maniobras de ingreso y salida de las embarcaciones.