El Ministerio de Seguridad Nacional puso en marcha el “Plan Guacurarí”, una iniciativa destinada a reforzar el control y restablecer condiciones de seguridad pública en la frontera seca con Brasil, en la localidad misionera de Bernardo de Irigoyen.
La medida, oficializada a través de la Resolución 626/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial, contempla la creación de un comando unificado con participación de fuerzas federales y provinciales para abordar el accionar de bandas criminales que operan en la región.
El nuevo Comando Unificado Guacurarí estará integrado por efectivos de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, bajo la coordinación general del Ministerio de Seguridad Nacional.
También se invitó a la Policía de Misiones y a representantes del Ministerio Público Fiscal nacional y provincial a sumarse como enlaces institucionales.
Según se indicó en los considerandos de la norma, la zona en cuestión constituye “un área estratégica pero compleja” por su geografía sin barreras naturales y una extensión de más de 25 kilómetros lineales, donde se han detectado actividades ilícitas como narcotráfico, tráfico de armas, contrabando, trata de personas y lavado de dinero.
La presencia de organizaciones criminales, entre ellas el Primer Comando Capital (PCC), ha incrementado los niveles de violencia en la región, con episodios vinculados a ajustes de cuentas y disputas territoriales.
El plan, que se ejecutará de forma coordinada con organismos nacionales como la Dirección Nacional de Migraciones, el SENASA y la Administración de Control de Fronteras (ARCA), prevé un despliegue territorial especial durante un plazo inicial de 180 días, prorrogable por igual período.
De acuerdo con la resolución, las acciones, planes y resultados del operativo serán comunicados de manera unificada por el Ministerio de Seguridad Nacional y las autoridades de la provincia de Misiones.
El “Plan Guacurarí” se enmarca en el nuevo paradigma de seguridad impulsado por la cartera que conduce Patricia Bullrich, que redefine su rol a nivel nacional y busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado a partir de operativos focalizados en zonas críticas.