El Gobierno oficializó una nueva actualización tarifaria para los colectivos de jurisdicción nacional

El Gobierno nacional formalizó una nueva actualización en las tarifas del transporte público automotor urbano y suburbano de carácter nacional. La suba, que alcanza el 21,5%, se aplicará en tres etapas mensuales, en los meses de mayo, junio y julio, y responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada entre julio de 2024 y abril de este año.
La medida fue impulsada por la Secretaría de Transporte, en el marco del régimen de adecuación tarifaria previsto por la normativa vigente desde fines de 2022, que autoriza ajustes periódicos en función de la inflación.
El objetivo, según se indicó oficialmente, es garantizar la sostenibilidad del sistema, reflejando los costos operativos actuales y manteniendo criterios de previsibilidad.
El nuevo cuadro tarifario fue elaborado por la Subsecretaría de Transporte Automotor, en base a informes técnicos que evaluaron los ingresos promedio de las empresas prestadoras y los costos de funcionamiento.
La actualización alcanza a los servicios que operan en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tucumán, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el Poder Ejecutivo se recordó que la política de recomposición tarifaria se enmarca en el proceso de revisión estructural iniciado con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social.
En ese contexto, ya se había implementado una suba en agosto del año pasado, pero el alza de precios registrada desde entonces obligó a una nueva revisión.
De acuerdo con lo informado, el esquema escalonado permitirá amortiguar el impacto en los usuarios, al tiempo que se mantendrán los límites establecidos por el IPC para futuras revisiones.
La Secretaría de Transporte ratificó que se seguirán los parámetros definidos por el marco regulatorio, que prevé actualizaciones bimestrales o en lapsos mayores, siempre respetando el índice acumulado entre cada modificación.
La resolución también detalla que el proceso se llevó a cabo con la participación de la ciudadanía, en cumplimiento de los procedimientos administrativos estipulados. Además, intervino la Dirección Nacional de Regulación Normativa de Transporte, junto con otras áreas técnicas del Ministerio de Economía.
La cartera de Transporte aclaró que, para próximos ajustes, se tomará como base el IPC correspondiente al mes anterior a la fecha de emisión de cada resolución, con el propósito de asegurar una metodología transparente y previsible.