El Gobierno prohíbe propaganda política en edificios estatales y escuelas

El Poder Ejecutivo nacional prohibió desde este martes a través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial la exhibición de referencias en edificios del Estado y modificó una reglamentación para evitar «la imposición de una manera de pensar» en la niñez.
El Decreto 1084/2024 -que lleva la firma del ministro de Interior, Guillermo Francos- establece la prohibición de «exhibición, colocación o difusión de imágenes, símbolos, obras o cualquier otra referencia personal que pueda interpretarse como una forma de propaganda política partidaria o de culto a la personalidad política en edificios u obras públicas, oficinas, monumentos u otros bienes muebles o inmuebles» del Estado nacional.
Argumentan en la medida que se busca evitar “personalismos antirrepublicanos y dotar de mayor objetividad a las denominaciones o nomenclaturas y evitar que sufran los vaivenes propios de los cambios de gobierno”.
También fija que, para utilizar nombres de personalidades políticas, deben transcurrir al menos 10 años desde su fallecimiento y determina que tampoco podrán asignarse denominaciones que correspondan a personas que hayan ejercido funciones como autoridades nacionales, provinciales o municipales mediante “actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático”.
Asimismo, se prohíbe que funcionarios utilicen recursos públicos para “promocionar, celebrar, conmemorar u homenajear su propia imagen, ideología, afiliación política, partido político o cualquier atributo personal”.
Las violaciones a estas disposiciones podrán ser denunciadas y constituirán infracciones graves, con sanciones administrativas, patrimoniales y penales.
En tanto, el Decreto 1086/2024 -que lleva la firma de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello- modifica la reglamentación de la Ley N.º 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para los principios de interés superior del niño, derecho a la educación y libertad de expresión.
Allí se agrega un párrafo que señala: “La imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la dignidad y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, constituyendo un trato que afecta su integridad personal”.
La medida subraya la obligación de los organismos estatales de garantizar, con carácter prioritario, políticas públicas orientadas al cumplimiento efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes. También destaca la necesidad de resguardar estos derechos frente a posibles conflictos con intereses de adultos o entidades privadas.