El Ministerio de Economía oficializó el inicio del proceso para transferir las acciones que Energía Argentina S.A. (ENARSA) posee en la firma CITELEC, accionista mayoritaria de la principal transportista de energía eléctrica del país. La venta deberá concretarse en un plazo máximo de ocho meses.
A través de la Resolución 1050/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo dispuso el comienzo formal del proceso de privatización de ENARSA, mediante la venta de su participación en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC S.A.).
La operación se enmarca en lo dispuesto por la Ley N° 27.742, conocida como Ley de Bases, que habilita la privatización total de la empresa estatal de energía, y en los decretos 695/2024 y 286/2025, que reglamentan su implementación.
El paquete accionario en cuestión representa el 50% de CITELEC, empresa que a su vez controla el 52,65% de Transener, operadora de más del 85% de las líneas de alta tensión del sistema eléctrico nacional. El procedimiento se instrumentará mediante un concurso público, con participación nacional e internacional, que se realizará a través de la plataforma digital CONTRAT.AR.
Según estimaciones oficiales, la operación podría representar ingresos por al menos 200 millones de dólares, cifra que podría elevarse dependiendo de la evolución del contexto macroeconómico y la revisión tarifaria del sector.
El proceso estará a cargo de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, dependiente de la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado. Esta dependencia tendrá a su cargo la coordinación general del proceso y deberá concretar la venta en un plazo de ocho meses.
En tanto, la Subsecretaría de Energía Eléctrica será responsable de elaborar la documentación técnica y contractual necesaria para la licitación, en articulación con la Unidad Ejecutora. Además, se instruyó la contratación de una entidad bancaria pública que realice la valuación del paquete accionario, ante la imposibilidad del Tribunal de Tasaciones de la Nación de intervenir por las características de los activos.
La resolución también aclara que no se aplicarán preferencias para empleados ni se instrumentará un programa de propiedad participada, tal como prevé la Ley 23.696 en otros procesos de privatización.
Desde el Gobierno explicaron que esta medida forma parte de un plan más amplio de reestructuración del sector público, orientado a reducir la participación estatal en empresas estratégicas, mejorar la eficiencia operativa y atraer inversiones privadas.