El Poder Ejecutivo Nacional vetó en su totalidad el proyecto de ley aprobado por el Congreso que declaraba zona de emergencia y catástrofe a la provincia de Buenos Aires, en especial a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, como consecuencia de las inundaciones registradas el 7 de marzo pasado. La iniciativa, sancionada el 4 de junio, contemplaba la creación de un fondo especial de $200.000 millones y una batería de medidas de alivio fiscal, financiero y habitacional para los damnificados.
Mediante el decreto 424/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo justificó la decisión al considerar que ya se había avanzado con respuestas efectivas a través del decreto 238/25, que creó el “Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR)” con el mismo monto previsto por la ley. Según se detalló, hasta ahora accedieron al beneficio 32.076 personas afectadas, mientras que otras 3.962 siguen en evaluación.
La normativa vetada preveía, entre otras disposiciones, la creación de una línea de financiamiento blando a través del Banco Nación para viviendas dañadas, un período de gracia para obligaciones contractuales de los damnificados, y que las obras se ejecutaran con recursos locales. Además, establecía que la Jefatura de Gabinete debía coordinar con el gobierno bonaerense medidas de alivio tributario y actuar como autoridad de aplicación.
En los fundamentos del veto, el Gobierno argumentó que la inclusión de Coronel Rosales “resulta de imposible cumplimiento”, ya que la zona de afectación ya había sido determinada “sobre la base de informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional”. También subrayó que el 85,43% de los inscriptos en el SUR ya cobró el subsidio y que se implementaron instancias de registro y asistencia para quienes tuvieron dificultades para acceder al beneficio.
La decisión se fundamenta en la vigencia del plan de asistencia vigente, que según el Ejecutivo dio respuestas “sin dilaciones” y en los términos previstos por la legislación de emergencia.