El PJ Bonaerense sigue de cerca el juicio a la Corte Suprema y la situación política en Brasil

El PJ Bonaerense, uno de los órganos más activos del justicialismo, se mantendrá a la espera de nuevas actividades durante estas semanas pero seguirá de cerca la situación en Brasil y el proyecto oficial de pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, un expediente que se tratará en sesiones extraordinarias del Congreso.
Si bien el partido del distrito más populoso del país, conducido por el diputado nacional Máximo Kirchner, no tiene actividades formales previstas para el corto plazo, sus representantes legislativos apoyarán el proyecto del Poder Ejecutivo para iniciar el juicio político a la Corte.
El espacio también respaldará otras iniciativas oficiales vinculadas al Poder Judicial como la reforma del Consejo de la Magistratura y la búsqueda de acuerdos parlamentarios para designar un Procurador General de la Nación que reemplace Eduardo Casal, cuyo interinato comenzó en 2017.
Además, el PJ provincial seguirá de cerca el proceso en Brasil tras el levantamiento golpista registrado en los últimos días en ese país por parte de militantes del expresidente Jair Bolsonaro.
En efecto, el documento del partido en el que se advertía sobre «lo que está dentro y lo que está fuera del juego democrático» había sido destacado por la propia vicepresidenta Cristina Fernández, quien celebró que ese comunicado representara un «repudio sin ‘peros'» al intento de interrupción institucional en el país vecino.
El 9 de enero, un día después del ataque en Planalto, el PJ Bonaerense expresó su «repudio» al intento de golpe contra la administración «legítima y democrática» de Luiz Inácio Lula da Silva y afirmó que se debe «gobernar para las mayorías silenciosas con justicia social, soberanía política e independencia económica».
El documento partidario había advertido que lo ocurrido el fin de semana último «comenzó muchos años antes, cuando los grupos de poder brasileños se sirvieron de Bolsonaro para perseguir, humillar y encarcelar a Lula».
El PJ subrayó así que «fue clave la participación del Poder Judicial, del establishment económico y grandes grupos de medios de comunicación que no fueron meros replicadores de causas judiciales sino que fueron parte activa de esos procesos», por lo que alertó que «grupos mediáticos de nuestro país, que hoy se rasgan las vestiduras por la asonada golpista, entonces formaron parte del coro mediático que pidió el encarcelamiento de Lula».
«Lo sabemos porque esta misma Corte Suprema de Justicia de nuestro país recibió con honores al por entonces juez (y luego devenido ministro de Justicia de Bolsonaro, Sergio) Moro como un héroe de la lucha contra la corrupción», se recordó en el documento.
Para la Vicepresidenta, ese texto significó un «imperdible análisis de la inoculación del odio, el rol de los medios y su consecuencia inevitable», en referencia a la «violencia política».
Sin actividades formales previstas, según indicaron fuentes partidarias, el justicialismo bonaerense apoyará los proyectos oficiales de juicio político a la Corte Suprema, modificación del número de miembros del máximo tribunal, reforma del Consejo de la Magistratura y designación del procurador general, todas iniciativas que fueron incluidas por el Poder Ejecutivo en el paquete de 27 proyectos que se enviarán al Congreso para ser tratados en sesiones extraordinarias.
El Gobierno confirmó el jueves último la inclusión en el temario de extraordinarias del pedido para someter a juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia y anunció que enviará otras iniciativas vinculadas con reformas al sistema judicial, como un proyecto para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal, la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura y una norma relacionada al tratamiento del acuerdo requerido para designar al procurador general.
La convocatoria del Poder Ejecutivo al Congreso regirá desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero con 27 proyectos de ley, entre los que también figuran iniciativas relacionadas con la promoción científica y tecnológica, la creación de universidades nacionales y con el régimen previsional.