El Presidente y la Vicepresidenta entregaron hoy seis premios Azucena Villaflor

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner entregaron hoy los premios Azucena Villaflor correspondientes a los últimos años, cuando fueron suspendidos por el anterior gobierno de Mauricio Macri.
El Presidente y la Vicepresidenta entregaron en forma alternada los premios a Víctor Basterra (fallecido el 7 de noviembre pasado), Rosa Schoenfeld de Bru, Vera Jarach, Iris de Avellaneda, Lita Boitano y Rosa Roisinblit.
El premio anual se instituyó en 2003 y está destinado a reconocer a los ciudadanos o entidades que se hubieren destacado por su trayectoria cívica en defensa de los derechos humanos.
Azucena Villaflor de De Vincenti fue una activista social argentina, una de las fundadoras de la asociación Madres de Plaza de Mayo.
Villaflor fue secuestrada el 10 de diciembre de 1977, en un hecho conocido como «Los 12 de la Santa Cruz», que eran familiares de desaparecidos y militantes que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz, en el barrio porteño de San Cristóbal, y que fueron marcados y entregados por el represor infiltrado Alfredo Astiz.
Dos días antes, mientras se confeccionaba una solicitada para denunciar el plan represivo, un grupo de tareas de la Armada secuestró a siete de ellos.
Los capturados fueron las Madres Esther Careaga y María Bianco, la religiosa francesa Alice Domon, Angela Auad, Patricia Oviedo, Raquel Bulit, Gabriel Horane, Remo Berardo, Julio Fondevila y Horacio Elbert.
La solicitada fue publicada en el diario La Nación el 10 de diciembre de 1977 y ese mismo día el plan represivo se completó con los secuestros de la monja francesa Leonie Duquet y Villaflor.
Los secuestrados, nombrados por los represores como el «grupo de la Iglesia de la Santa Cruz», fueron trasladados al centro clandestino de detención de la ESMA, torturados y arrojados vivos al mar.
Cinco cuerpos aparecieron en las costas y fueron sepultados como NN en el cementerio de General Lavalle.
Esos restos fueron recuperados e identificados tras el trabajo de la justicia y del Equipo Argentino de Antropología Forense. Pertenecían a las monjas Domon y Duquet y a las Madres Villaflor, Careaga y Bianco.
Además, la Agencia Federal de Inteligencia que conduce Cristina Caamaño entregó hoy a los organismos de derechos humanos las carpetas de espionaje y seguimiento a esas agrupaciones que hizo la SIDE durante la última dictadura.
Estos organismos fueron Abuelas y Madres de Plaza de Mayo (la Asociación y la línea fundadora), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
También la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Servicio Paz y Justicia, Amnistía Internacional el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, la Comisión Argentina por los Derechos Humanos y el Movimiento Villero Peronista.
Todos ellos recibieron documentos en los que figuran pedidos de investigación y antecedentes de dirigentes y abogados de esas agrupaciones, cobertura de marchas y reuniones privadas, datos de viajes y hasta información sobre el contenido de correspondencia que intercambiaban con personas que los apoyaban o los representaban en el exterior.
Estas carpetas son una muestra de las más de 250 mil fichas de inteligencia sobre personas, instituciones, organizaciones, hechos vinculados a acciones públicas u operativos que conforman el archivo de la SIDE y que fueron recuperadas y están siendo analizadas por la gestión de Cristina Caamaño en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Además de las fichas, un equipo de la agencia está relevando unas 700 cajas con papeles, libros y carpetas que fueron buscadas en distintas sedes del organismo de inteligencia y que abarcan el período que va desde 1946, cuando se creó lo que luego sería la SIDE hasta el 9 de diciembre de 1985, cuando se dictó la sentencia del juicio a las Juntas Militares.
La documentación vinculada a los años del terrorismo de Estado podrá servir como prueba y para asignar responsabilidades en juicios por delitos de lesa humanidad. El material es, además, el registro histórico del seguimiento e infiltración a organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos.