Los ciudadanos de El Salvador votaban hoy en comicios generales para los que las encuestas previeron la cómoda reelección del presidente Nayib Bukele, quien de ese modo fortalecerá su ya amplio poder, en el contexto de la guerra a las pandillas que le permitió disminuir drásticamente la violencia, al costo de un fuerte recorte de las libertades personales.
Sin que se reportaran mayores incidentes, estaba previsto que los centros de votación cerraran a las 17 (las 20 en la Argentina) y que “antes de la medianoche” local se conocieran los resultados preliminares, dijo el juez del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Noel Orellana.
No obstante, uno de los dos mayores partidos opositores, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, de izquierda), denunció irregularidades.
El secretario general del FMLN, Oscar Ortiz, afirmó que en varios centros de votación se suplantaron autoridades de mesa por militantes del partido gobernante Nuevas Ideas, por lo que sostuvo que “estas son las elecciones más desorganizadas y con mayor violencia institucional”, según el diario salvadoreño La Prensa Gráfica.
Bukele, un expublicitario de 42 años, tenía casi asegurado un segundo mandato de cinco años, con una popularidad de 90% y sin rivales de peso, y hasta podría hacer desaparecer a la oposición en el Congreso, que ya controla cómodamente.
En una votación que se realizaba bajo estado de excepción por primera vez desde que acabó la guerra civil en 1992, unos 6,2 millones de salvadoreños, 740.000 de ellos en el exterior, estaban llamados a las urnas.
“Daremos el ejemplo de civismo”, afirmó la presidenta del TSE, Dora Martínez, al dar por inaugurada la votación en un acto en el centro histórico de San Salvador.
Aliviados con la tranquilidad que llegó a sus barrios antes tomados por las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, muchos salvadoreños aplauden la política de “mano de hierro” de Bukele, aun a costa de algunas libertades.
Tras un sangriento fin de semana con 87 muertos, Bukele impuso en marzo de 2022 un estado de excepción que militarizó el país y suspendió garantías constitucionales.
Desde entonces, la política derivó en 76.000 detenidos y redujo a mínimos históricos los asesinatos, oficialmente 2,4 por cada 100.000 habitantes en 2023, en el que antes fue el país con mayor violencia criminal del mundo.
Pero organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian arrestos arbitrarios, torturas y muertes en prisión.
Unas 7.000 personas fueron liberadas, pero muchas siguen en la cárcel sin debido proceso ni poder comunicarse con sus familiares.
Con cada vez más poder, Bukele -de ascendencia palestina y quien se burla de sus críticos que le llaman “dictador”-, controla, además de la Asamblea Legislativa (parlamento), la Justicia, la Fiscalía y el resto del aparato estatal.
Magistrados renovados por ese congreso interpretaron la Constitución a su favor y, pese a estar prohibida la reelección, le permitieron postularse a un segundo mandado, por lo que analistas y opositores sostienen que su candidatura es inconstitucional.
En ese contexto, la oposición está muy fragmentada y sus cinco candidatos apenas aparecen en las encuestas, incluidos los del FMLN -que gobernó los dos períodos previos al de Bukele-, Manuel Flores, y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, de derecha), Joel Sánchez.
“Con otros cinco años, tendrá suficiente tiempo para consolidar una dinámica de partido hegemónico”, dijo el politólogo Álvaro Artiga, de la Universidad Centroamericana (UCA), según la agencia de noticis AFP.
Según sondeos, el partido oficialista Nuevas Ideas conseguiría 57 de las 60 bancas, con lo que reforzaría su control de la Asamblea Legislativa, eliminando cualquier posibilidad de contrapeso en el recinto. El FMLN obtendría dos bancas y Arena, una.
Los demás partidos, en tanto, enfrentan la posibilidad de perder su personería jurídica, dado que de acuerdo con la ley electoral salvadoreña, las agrupaciones políticas deben obtener un mínimo de 50.000 votos o al menos un escaño para conservarla.
Se abre “una ventana a un gobierno autoritario en el sentido de que no tiene límites en cuestiones de pesos y contrapesos institucionales y de un fortalecimiento del brazo coercitivo”, dijo a Télam la investigadora Karen Estrada, de la ONG salvadoreña Cristosal.
Muy seguro de su reelección, el presidente más popular de América Latina, según una encuesta regional, ni siquiera ha pedido el voto para él.
Avivando el miedo a que vuelvan las pandillas, pidió votar por Nuevas Ideas y no perder una sola de las 56 bancas que tiene en la legislatura saliente, para no poner “en riesgo la guerra contra las pandillas.
En cambio, tras emitir su sufragio -alrededor de las 15, en medio de un fuerte operativo de seguridad-, dio una conferencia de prensa.
“Vivimos en un país democrático, en donde la población es la que decide, no es ninguna ONG, ni mucho menos otros gobiernos que tienen problemas y no los están solventando”, afirmó.
“Nosotros, en El Salvador, resolvimos lo que nos estaba matando, estamos haciendo la quimioterapia y vamos a salir sanos de las pandillas”, agregó.
Este milenial que viste jeans y remeras, de barba recortada y pelo engominado, llegó al poder en 2019 prometiendo un cambio a una población harta del bipartidismo Arena-FMLN que no resolvió los problemas de inseguridad y pobreza.
Un 29% de los 6,5 millones de salvadoreños que viven en el país son pobres, según la Cepal, y muchos siguen emigrando a Estados Unidos en busca de trabajo.
Unos tres millones viven en el exterior y envían remesas por 8.000 millones de dólares anuales, de lo que vive un tercio de la población.
Pese a su poder y su popularidad, Bukele no logró que los salvadoreños usaran el bitcóin que en 2021 puso como moneda de curso legal en la economía dolarizada, según él para dinamizarla.
Con entre cinco y siete millones de seguidores en X, Tiktok, Instagram y Facebook, Bukele, casado con la psicóloga Gabriela Rodríguez y con quien tiene dos niñas, Bukele promociona grandes proyectos y el turismo en “el país más seguro de América Latina”.