Empresarios platenses se desligaron de las acusaciones por la mesa judicial bonaerense

Empresarios de la construcción de La Plata reconocieron en un comunicado haber participado de la reunión encabezada por exfuncionarios de María Eugenia Vidal en 2017, pero dijeron que fueron para «abordar la problemática relación con quien ejercía la conducción de la Uocra regional La Plata por medio de una metodología basada en extorsiones y violencia».
La semana pasada, se difundió un video con una reunión llevada a cabo en 2017 entre exfuncionarios de María Eugenia Vidal, agentes de la AFI y empresarios en un supuesto armado de causas judiciales contra sindicalistas.
Allí, el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, expresaba su deseo de tener una «Gestapo» para terminar con los gremios en Argentina .
En el texto -firmado por la Unión Industrial Del Gran La Plata; Apymeco, la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CDU); el Colegio de ingenieros CIV (La Plata); el Colegio de Arquitectos Capba I (La Plata); Capec; y Acimco- los empresarios rechazaron las «expresiones anticonstitucionales» que se aprecian en el video
«A partir de los hechos de público conocimiento queremos comunicar a la opinión pública que las instituciones abajo firmantes asistimos a una reunión de trabajo con funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Provincial hace 4 años, en una dependencia estatal, con el fin de abordar la problemática relación con quien ejercía la conducción de la Uocra regional La Plata por medio de una metodología basada en extorsiones, violencia y bloqueos de las obras que se ejecutaban en nuestra región», señalaron en el comunicado.
Precisaron que «la violencia no estaba originada en conflictos laborales. Esto se evidencia en lo ocurrido con las dos gestiones anteriores de normalización gremial que realizó la UOCRA nacional, las cuales tuvieron que interrumpir la intervención e irse ‘viendo que la problemática sigue su curso’ y ‘no pudiendo cumplir la tarea encomendada’, a cuatro años del inicio de la normalización, según sus propias declaraciones públicas».
Remarcaron los empresarios que «ante este contexto que padecíamos empresarios y trabajadores, iniciamos gestiones ante distintos gobiernos y representaciones sindicales nacionales a lo largo de más de 20 críticos años para la actividad de la construcción en la región capital de La Plata, con el objetivo excluyente de alcanzar un marco adecuado para que tanto trabajadores como empresarios pudiéramos desarrollar nuestras tareas en un contexto de respeto por las incumbencias y responsabilidades de las partes».
Pusieron de relieve el haber reconocido y valorado siempre «el legítimo e irremplazable rol de los gremios en el marco de la relación laboral, como representantes de los trabajadores y generadores del diálogo social».
En ese marco, resaltaron haber mantenido una relación «armónica, respetuosa y sustentable» con los sindicatos, enfatizaron que su trayectoria «se construye en base a un sólido apego y respeto a los rasgos distintivos del Estado democrático: la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de las personas».
«Estas convicciones no son compatibles con expresiones anticonstitucionales, como las que se vertieron en esa reunión de trabajo, las cuales no avalamos», apuntaron.
Con todo, destacaron que a lo largo de 20 años realizaron presentaciones judiciales para requerir «administración de Justicia a quien le compete ese rol» e indicaron que «esta reunión no modificó en nada el espíritu de las mismas, ni la necesidad y legalidad del histórico reclamo de muchas instituciones que dan trabajo a miles de ciudadanos y que se ven perjudicadas por este accionar violento e ilegal, de las cuales todos los actores del sector y funcionarios están al tanto, aunque algunos eligieron en su momento mirar para otro lado».
Recordaron que muchos de ellos y sus familias fueron amenazados «por parte de estos grupos violentos, que actúan fuera de la ley y de toda norma constitucional» y añadieron: «los hechos de violencia de estas facciones tienen largos capítulos descriptos en los medios».
«Seguiremos, como siempre, combatiendo a la violencia institucionalizada y las extorsiones con la herramienta que indica la Constitución Argentina: la ley», concluyeron.
La semana pasada, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó una denuncia ante la justicia federal de La Plata luego de que encontrara en ese organismo un disco que contenía una grabación realizada el 15 de junio de 2017, en la que funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal y agentes de inteligencia orquestaban una persecución y armado de causas a organizaciones sindicales.
En el video aparecían, entre otros, el por entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas; el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia bonaerense; Juan Pablo Allan, senador provincial; y el intendente de La Plata, Julio Garro, además de empresarios y los agentes de inteligencia Sebastián De Stefano, director de jurídicos de la AFI y Darío Biorci, por entonces cuñado y jefe de gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI.