«En la provincia no hay desregulación del valor de las cuotas de los colegios privados»

«En la provincia de Buenos Aires no hay desregulación del valor de las cuotas de los colegios privados», explicó el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, en una entrevista con esta agencia.
Es que el 29 de enero pasado, la Secretaría de Comercio derogó 69 normativas en la Resolución 51/2024 publicada en el Boletín Oficial, entre las que se incluyó la supresión de la Resolución 678/99 que establecía la obligatoriedad de los establecimientos educativos privados de informar anualmente la cuota al organismo.
En ese sentido, explicó que «hay una norma de la Nación desreguladora» y opinó que «siempre la desregulación deja más débiles a los débiles porque el Estado funciona de árbitro con frecuencia».
Luego, planteó que en el territorio bonaerense «hay normas, como la Ley de Educación que establece el sostenimiento de la provincia a las escuelas privadas» y especificó que «hay resoluciones que regulan topes arancelarios para cada nivel educativo y en cada ciclo lectivo».
«Queremos decir que eso está vigente. En la provincia no hay desregulación, hay Estado. Hay 6.300 escuelas de gestión privada (representa el 30% de la educación de esta jurisdicción), de las cuales 4.300 tienen subvención de entre el 80 y el 100%», explicó el funcionario y analizó que «ello está bien y vamos a sostener los topes de matricula y cuota».
«Si una institución tiene cien por cien de subvención, la cuota que puede cobrar tiene un tope. Eso es lo que no hace Nación desregulando. Las instituciones de educación privada merece que se las respete y cuide, pero también lo merecen las familias», subrayó.
Consultado acerca de si el sistema público está preparado para recibir a grandes cantidades de chicos provenientes de escuelas de gestión privada cuyos padres no pueden afrontar el pago de la cuota, respondió: «No esperamos que haya grandes cantidades».
No obstante, aclaró que en el caso en que eso ocurriese «tendríamos que hacer mucho esfuerzo en el sistema público, ya que nosotros seguimos con la idea de ese artículo 2 de la Ley de Educación nacional, que dice que la educación es un derecho garantizado por el Estado».
«Si hubiera tránsito masivo, el Estado tendrá que hacer frente a esa nueva realidad. Esperemos que ello no ocurra, que haya un sistema educativo equilibrado. Pero, si hubiera que hacer lugar, haríamos lugar», indicó el titular de la cartera educativa.
En ese marco, evaluó que «el escenario todavía no está claramente expuesto, pero no tengo dudas que hacia la segunda quincena de febrero o principio de marzo veremos las consecuencias de estos ajustes» y graficó: «una familia de clase media que tenía 100 pesos en el bolsillo, ahora tendrá 50 y la cutoa que valía 50 valdrá 100».
«Confiamos en el sentido común del sistema de gestión privada. Las instituciones tienen sensatez y saben que no pueden agredir a las familias. Habrá que hacer un trabajo como Estado. Nosotros acompañaremos en una situación en la que no podremos seguir subvenciones sino administrar las que hay», cerró.