El gobierno bonaerense presentó hoy el decreto reglamentario que incorpora la “Licencia por Violencia de Género” en el ámbito de la administración pública de la provincia de Buenos Aires.
Se trata del decreto 121/2020 que será publicado mañana en el Boletín Oficial que establece el procedimiento para que las empleadas de la administración pública puedan acceder a esa nueva licencia.
La medida fue presentada durante un acto que se realizó en el Salón Dorado de la Gobernación, en La Plata y que encabezaron la ministra de Trabajo, María Ruiz Malec y la de la cartera de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz.
El decreto reglamenta la Ley N° 14.893, promulgada el 23 de enero de 2017, que estableció una “Licencia para Mujeres Víctimas de Violencia”, destinada a todas las trabajadoras de la Administración Pública o sociedades de economía mixta con participación estatal mayoritaria de la Provincia de Buenos Aires, cualquiera sea el régimen estatutario al cual pertenezcan”.
Una fuente del gobierno explicó que entre los principales puntos, el decreto establece que la licencia podrá ser de hasta 35 días y exime el requisito que exigía la ley de presentar una denuncia penal.
El vocero explicó que hasta ahora las licencias por violencia de género quedaban registradas en los legajos de las empleadas del estado como “licencias psiquiátricas”.
“Estamos viviendo un contexto que nos vuelve a conmocionar por el recrudecimiento de lo que significa el punto extremo de las violencias como son los femicidios”, sostuvo Estela Díaz.
Explicó que en el mes de las mujeres y junto a un conjunto de actividades “quisimos presentar hoy este nuevo derecho para las trabajadoras de la administración pública de la Provincia”.
En tanto, la titular de la cartera de Trabajo, Ruiz Malec precisó que la licencia “es una presencia activa del Estado con un equipo interdisciplinario que no solo se dedique a acompañar una situación que muchas mujeres vivimos cotidianamente”.
“Tenemos que capacitar a los equipos y nos va a llevar un trabajo profundo y extenso, pero no tengo dudas de que entre todas y todos vamos a poder llevarla adelante y echar luz sobre las situaciones que vivimos y que el movimiento de mujeres viene evidenciando hace tantos años”, graficó.
El decreto establece que el otorgamiento será obligatorio y su uso no podrá ser modificado, suspendido ni interrumpido por razones de servicio y que ninguna trabajadora podrá ser despedida ni sancionada por haber solicitado dicha licencia.
La trabajadora, por sí o a través de una tercera persona podrá solicitarla ante la oficina de personal de la repartición en donde se desempeña, por cualquiera de los medios vigentes.
Se entenderá por denuncia todo medio idóneo por el que se haya puesto en conocimiento de un organismo estatal competente la situación de violencia referida, incluyéndose los distintos dispositivos y servicios de atención a víctimas.