Un total de 37 exrepresores acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad durante los años del terrorismo de Estado permanecen prófugos de la justicia, de los cuales 15 se encuentran fuera del país y 10 de ellos lograron eludir pedidos de extradición en su contra, según datos difundidos por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
A 46 años del último golpe de Estado ocurrido en Argentina, Télam consultó a especialistas de derechos humanos sobre la situación actual de los acusados por violaciones a los derechos humanos que se encuentran en el exterior y los avances que se produjeron en algunos de esos casos.
«Hay varios represores que están identificados viviendo en el exterior, aunque no son tantos porque la mayoría ya fueron juzgados. Varios tienen ordenes de extradición vigentes en su contra, pero otros no. En esos casos, lo que se hace es impulsar los juicios en el país donde residan. Existe una obligación de los estados para procesar crímenes de lesa humanidad», contó a esta agencia Andrea Pochak, la subsecretaria de protección y enlace internacional en Derechos Humanos.
Con ese objetivo, la Secretaría de Derechos Humanos que encabeza Horacio Pietragalla Corti «lleva adelante desde su creación un trabajo muy importante en el acompañamiento de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas», destacó la funcionaria.
«Nunca hay que quedarse con los brazos cruzados. Para Argentina, la Memoria, Verdad y Justicia son una política de Estado que funciona en las distintas agencias. Estamos desde la Secretaria, la Cancillería y cada Embajada trabajando con esa función. No se deja todo en mano de las víctimas», subrayó Pochak.
Para ello, la subsecretaria consideró que fue necesario «mucho activismo» para impulsar los juicios en otros países y destacó el movimiento de derechos humanos en la Argentina que «ha tejido a lo largo de los últimos 40 años redes importantes» como las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.