El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense podría dictar hoy la destitución del juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, a quien se le imputan 21 cargos en el marco de un juicio político. Si se concreta el apartamiento, el abogado defensor adelantó que recurrirán a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos.
«No les gustan las sentencias que dicta un juez y por ende lo sacan. No porque haya mala conducta», se quejó hoy en declaraciones a la radio Cadena Río el abogado de Arias, Marcelo Ponce Núñez.
La sentencia se dictará, luego de que el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, Julio Conte Grand pidiera la destitución del magistrado tras dar por probadas las acusaciones.
«No es sencillo pedir la remoción de un magistrado, ya que eso genera conmoción, pero aquí son flagrantes las irregularidades, pero eso, señor Presidente de Tribunal, pido la destitución del juez Luis Arias», sostuvo Conte Grand durante su alegato, quien oficio como fiscal del juicio.
El Procurador consideró que el magistrado incurrió en incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiere intervenido, y remarcó que todas esas son figuras contempladas en al artículo 21 de la ley de enjuiciamiento de magistrados (Ley 13661).
Del otro lado, Ponce Núñez aclaró que ni diputados ni senadores han acusado contra Arias y consideró que «va a ser muy difícil sustentar las acusaciones de Conte Grand». «Si nos va mal recurriremos ante organismos nacionales e internacionales, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos», agregó.
Las principales acusaciones hacia Arias, quien fuera suspendido a principios de noviembre pasado, están dadas a raíz de un conflicto de competencias entre juzgados. Es decir, está imputado por «inmiscuir» en decisiones de otros magistrados. Concretamente, el fiscal Marcelo Romero lo acusó de no haber respetado las competencias en torno a las responsabilidades por la inundación de La Plata en 2013.
Entre los cargos, figura la intervención de Arias en un desalojo en la localidad de Abasto, dada por otro magistrado, y el impedimento en el traslado de un detenido.